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Wilfredo Chávez, Ministro de Gobierno |
Para los contrarios al MAS ese informe es
objetivo y muestra la realidad por la que pasaron los indígenas del Tipnis.
El ministro de Gobierno, Wilfredo Chávez,
en Palacio de Gobierno dijo que "es lamentable que se tuerza de esta
manera una función del Defensor, desviando la naturaleza del informe y
generando un clima de previo juzgamiento de personas incriminadas", al
tiempo de señalar que el informe carece de objetividad.
Puntualizó además que el informe usurpa
funciones del Ministerio Público y del Órgano Judicial porque determina una
sentencia judicial e individualiza responsabilidades a los involucrados cuando
el Defensor del Pueblo tiene otras atribuciones administrativas.
Respecto al tema, el diputado Tomas
Monasterio (CN) manifestó que la situación no trata de sentencia o de
revanchísmo político, sino más bien de que los bolivianos exigen justicia.
“Este no es un tema de sentencia o no, ni
tampoco se tiene que entender como un revanchismo político, el pueblo boliviano
exige justicia y esa justicia la necesitamos todos para que acabemos con la
práctica de vejámenes, violencia, agresiones, tortura, el planteamiento que
nosotros hacemos es con absoluta responsabilidad, exhortamos y exigimos todos
los mecanismos dentro del marco normativo para justamente activar instrumentos
que precautelen los derechos fundamentales del ciudadano, ¿o vamos a desconocer
que se les ha roto palazos en la espalda de los indígenas?, ¿o vamos a
desconocer que no ha habido traslado forzoso de los ciudadanos?, ¿o vamos a
desconocer de que no hubo accionar violento, lo que nosotros queremos es dar
con una justicia?”, cuestionó.
Para el diputado, con el informe
presentado por Villena se debe convocar lo más pronto posible a declarar a los
actores que han estado vinculados de manera directa con la intervención a la
marcha en defensa del Tipnis en la localidad de Yucumo.
“Entendemos muy bien de que con la mayor
celeridad y prontitud se debe convocar a declarar a estos actores que han
estado vinculados de manera directa dentro de la responsabilidad con la
intervención de la marcha en Yucumo, es por eso que estamos planteando por
segunda oportunidad un segundo memorial solicitando al fiscal general de que se
convoque con la celeridad y la premura por la salud de la verdad de los hechos
y para dar con los responsables”, aseguró el parlamentario.
Monasterio pidió que lo señalado no debe
entenderse como un rédito de la oposición queriendo sacar un posicionamiento.
“No podemos entender como algunas
autoridades se han hecho la burla de la opinión pública nacional planteando que
conocen quienes son culpables (de la intervención) pero no les da la gana de
decirlo. La justicia es un instrumento donde todos los bolivianos estamos
obligados a responder”, aseguró.
Nicolas Rivera, vicepresidente del Comité
Cívico Pro Santa Cruz, considera que el informe refleja de mejor manera lo que
ha ocurrido en Yucumo ya que la representación del defensor del pueblo de Santa
Cruz y Beni estuvieron en el lugar y fueron testigos de lo acontecido.
Rivera dijo que el problema del gobierno
radica en su impostura que “es tal que no encuentran argumentos para
justificarlos. ¿Que es objetivo para ellos?, ¿olvidarse de que los indígenas
han sido masacrados?, que las imágenes de los vejámenes y humillación no
existieron?”, exclamó.