La
audiencia del Gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas, fue suspendida por el
juez Zenón Rodríguez debido a que la defensa presentó un incidente de nulidad
el cual deberá ser analizado por todas las partes en un plazo de 72 horas.
“Se
suspendió la presente audiencia de medida cautelar contra el imputado a
consecuencia que ellos han presentado un incidente en el ejercicio de derecho
que ellos tienen. A partir de que la notificación llegue a todas las partes
procesales corren 3 días de plazo para que la incidencia sea analizada y
valorada”, explicó Adán Arteaga, representante del Ministerio Público.
“Quien
iba a pensar que se iba a suspender la audiencia”, indicó sorprendido Costas,
quien aseguró que el tema por el cual se lo imputa no es el de fondo para el
gobierno central. “No se confundan, no es el puente sobre el río Palacio, el
tema es el 5 (de diciembre), tema de desacato, desacato que en todos los países
civilizados y que los organismos internacionales ya piden que se suspendan ese
tema de desacato porque cuarta la libertad de expresión”, aseveró.
Asimismo
anunció que van a convocar al presidente de la república, Evo Morales, para que
sea testigo de Costas en el caso de desacato.
El
gobernador se refirió a los otros quince procesos que pesan en su contra y
reiteró que no irá a la ciudad de La Paz. “Dejémonos de líos, dejemos de ser
funcionales al gobierno, ¡dejenme trabajar hombre!, tengo 15 juicios y he dicho
que me iba a acoger a mi derecho de silencio para que pueda por lo menos ir a
trabajar, porque yo tengo que trabajar en mi provincia, en mi distrito, en el
tema de inseguridad ciudadana”, exclamó.
Costas,
quien tiene medidas sustitutivas y arraigo, criticó que el gobierno esté “judicializando
la política” calificándola de “chacota judicial”. “Ya me pusieron medidas
sustitutivas, ya me pusieron arraigo, no se que querrán ahora, ¿hacer lo mismo
que al gobernador del Beni?, de darle detención preventiva para que no salga de
noche y no siga trabajando, para que no vaya a su provincia o a su distrito. Ya
esta bueno de judicializar la política, eso es lo que querían, ¿hasta cuando
esta chacota judicial?”, cuestionó.
La
autoridad cruceña es imputada por el delito de “resoluciones contrarias a la
constitución y a la Leyes e impedir o estorbar en ejercicio de funciones”, por
el Ministerio Público desde el pasado martes 8 de noviembre ante la denuncia
presentada por el Ministerio de Transparencia, quien lo acusa de negarse a
presentar el informe de la construcción del puente Palacios que fue entregado
el 19 de noviembre del 2010 y que tuvo un costo de 884.720 Bolivianos.