Pablo Ferrufino, presidente de la
Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa Departamental, destacó
el trabajo realizado y anunció que se empezarán a recibir las propuestas de las
diferentes organizaciones sociales en relación a la adecuación del Estatuto
Autonómico con la Constitución Política del Estado. Dijo que con esta audiencia
pública cedida para la Defensoría del Pueblo se iniciaba este proceso de la
participación y contar con un instrumento autonómico fundamental que regirá la
vida y el desarrollo del departamento de Santa Cruz.
Rosse Mary Sandoval, secretaria de la
Comisión de Autonomías, informó que se empezará a socializar un reglamento de
participación social para recoger todas las visiones y propuestas que se tengan
en Santa Cruz para la adecuación constitucional del Estatuto Autonómico, el
mismo que se encuentra estancado, tomando en
cuenta que existe un mandato constitucional y ese mandato lo deben
cumplir los 28 asambleístas de Santa Cruz para compatibilizar los artículos del
Estatuto en relación a la Constitución Política.
La presentación de la propuesta estuvo
enmarcada en el pedido que hace un tiempo venía haciendo la Representación
Departamental para explicar la misma, pero centrada fundamentalmente en el
mandato constitucional de promover, defender y difundir los derechos humanos.
Cabrera señaló que hay dos elementos centrales para generar la expectativa de
los diferentes sectores sociales, instituciones de derechos humanos,
organizaciones no gubernamentales y otros con el objeto de que presenten sus
propuestas, es precisamente lo que establece el Art 275 de la CPE, que señala:
“Cada órgano deliberativa de las entidades territoriales elaborará de forma
participativa el proyecto de Estatuto y Carta Orgánica Municipal…” Es
precisamente en este elemento que la representación defensorial está
insistiendo, es decir, que se generen todos los espacios y mecanismos de
participación social para contar así con un Estatuto representativo y que
abarque todas las miradas y realidades del departamento de Santa Cruz; además
lo que manda La Ley Marco de Autonomía en su Art. 60, que señala que el
Estatuto es la norma institucional básica “de cumplimiento estricto y contenido
pactado”. Es decir un verdadero pacto entre todos y todas para ir construyendo
este nuevo Estado plurinacional y con autonomías.
Cabrera indicó que el Estatuto
Autonómico tiene varios vacíos en cuanto a Derechos Humanos, uno es la visión
del mismo que prioriza los derechos individuales frente a los colectivos; luego
solo reconoce una sola justicia, y no así el pluralismo jurídico ni político,
por cuanto habla solo de la justicia ordinaria sin reconocer ni mencionar la
justicia originaria; como también no especifica los derechos de las poblaciones
altamente vulnerables, como ser la niñez y adolescencia; mujeres; personas con
discapacidad, personas adultas mayores, personas privadas de libertad; personas
de la diversidad sexual y de los pueblos indígenas. Es en este campo que la
propuesta se centra para que estas poblaciones sean priorizadas en el Estatuto
Autonómico Departamental, el mismo que deberá concretar planes y programas de
gestión pública, además de recursos económicos para su implementación.
El Representante Defensorial aseguró que
la Asamblea Legislativa Departamental tiene grandes retos que asumir en este
proceso, y mucho más cuando desde Santa Cruz se lideró la lucha por las
autonomías, la misma que fundamentalmente es un derecho, o se constituye en un
régimen favorecedor de derechos. Los Estatutos no pueden ni degradar los
derechos constitucionalmente reconocidos ni entrar en contradicción con lo
establecido en la Constitución. Tiene que ampliar los derechos, hacer más ancho
el camino para el cumplimiento y exigibilidad de los mismos.
“En este proceso que vive Bolivia, hay
que asumir que todo régimen autonómico democrático sería un fracaso si no
garantiza a sus ciudadanos y ciudadanas un sistema de derechos y libertades, es
decir contar y aprobar con una verdadera y contundente carta de derechos
humanos para los hombres y mujeres del departamento de Santa Cruz. Los derechos
consagrados en los estatutos no deben ser entendidos como negación de otros
derechos”, puntualizó la autoridad defensorial.
