Cerca de un centenar de instituciones y
organizaciones denunciaron a la opinión pública nacional e internacional que el
proyecto de nueva Ley Minera “suprimiría el rol de la Autoridad Ambiental
Competente para la provisión de licencias al sector minero, ocasionando un
notable debilitamiento de la gestión ambiental en pos de profundizar el modelo
desarrollista extractivista, que fue ampliamente criticado por el gobierno de
cambio en foros internacionales. A partir de esta nueva Ley se estaría privando
al país de la posibilidad de lograr la sostenibilidad en sus procesos de
desarrollo”, sostiene su comunicado.
Según el documento, el artículo 132 de
Licencia Ambiental del aludido proyecto señala que “el Ministerio de Minería y
Metalurgia, en su calidad de Organismo Sectorial Competente, otorgará la
licencia ambiental… para actividades mineras, debiendo remitir una copia al
Ministerio de Medio Ambiente y Agua con fines de registro”, convirtiendo a la
Autoridad Ambiental Competente a Nivel Nacional en una simple instancia de
registro y teneduría de archivos.
De acuerdo a la denuncia, el parágrafo
III plantea que el “monitoreo periódico”, requisito para la actualización de la
Licencia Ambiental, será realizado por el Ministerio de Minería y Metalurgia,
con lo que este Ministerio se constituirá en juez y parte ya que, debido a la
clara visión extractivista del sector, se perderá la objetividad en relación a
la necesidad de proteger el ambiente y los recursos naturales, así como
prevenir los impactos y amenazas ambientales producto de las actividades
mineras. Esta situación, seguramente impedirá también que se aplique el
principio precautorio “in dubio pro natura”.
“El planteamiento resulta inaudito”,
señala la denuncia, “porque no sólo convierte al Ministerio de Minería y
Metalurgia en juez y parte de un proceso destinado a velar por la protección
ambiental, aspecto que, como ya es por demás conocido, no interesa a los
responsables de promover actividades mineras en el país. Además, esta situación
debilita aún más el ya mermado rol de la Autoridad Ambiental Competente,
quitándole una de las razones fundamentales de existir, y vulnerando la Ley de
Medio Ambiente, vigente aún”.
De acuerdo al documento, la consulta se
reduciría “a un simple trámite de adecuación de las medidas de mitigación
planteadas por la empresa minera que elabora su EIA, ignorando el sentido de la
Consulta Pública y sometiendo a mayor riesgo a regiones y comunidades Indígenas
Originario Campesinas bajo la presión de operaciones mineras”, toda vez que el
parágrafo II del mismo artículo de proyecto señala que “La licencia ambiental
se otorgará antes de la suscripción del contrato o de la licencia de operación,
previa consideración en consulta pública de las medidas de gestión ambiental
establecidas en el proyecto”.
Adicionalmente, el artículo 133 del
proyecto en cuestión, referido a áreas protegidas, señala que los titulares de
contratos mineros no podrán realizar actividades en áreas protegidas y lugares
de valor natural y cultural, “a menos que un estudio de impacto ambiental
establezca que dichas actividades no afectan el cumplimiento de los objetivos
de protección del área, según informe de la instancia competente”. Lo preocupante
es que el Organismo Sectorial Competente relativizará, en razón de la visión
extractivista que lo rige, cualquier información preocupante recogida en el
EIA.
Por estar razones, las casi cien
entidades exhortan al gobierno a revisar su posición y no permitir que el afán
desarrollista anule las salvaguardas ambientales contenidas en la nueva
Constitución Política del Estado Plurinacional y el ordenamiento ambiental
vigente, porque este proyecto vulnera el enfoque de defensa de la Madre Tierra
y el Vivir Bien.
Entidades firmantes:
Acción Ambiental, ACT, AGROECODES, Aire
Limpio La Paz QHANA, Aire Limpio Santa
Cruz – FIDES, ALAS, Allin Kausay Tukuypaj, APACH, APRAB-La Barca-Bolivia,
Arcángeles Arte y Cultura, ASE, Ayllu Cantuyo, CARITAS - Oruro, Carrera de
Economía, CDS Molle, CE Ingeniería Ambiental UCB-Cbba, CE Utasawa, CECASEM,
CEDEFOA, CEDIB, CEDURE, CEEDI, CEPA, CERDET, CETHA Emborozú, CIDDEBENI, CIEC,
CIES, CIMAR, CINEP, Colegio de Biólogos Cochabamba, Comité Cívico Potosinista,
Comité Interinstitucional de Seguimiento a la Gestión Ambiental Potosí,
Comunidad Kochipiacala Oruro, Comunidad Santo Tomás Oruro, CORIDUP, Cruz Roja
Santa Cruz, Ecochaco, Ecoclubes Santa Cruz, Ecomuseo, FECRUPDI, FIDES, FNKM,
FOBOMADE Chuquisaca, Fundación Ambienta, Fundación Bosques Para la Vida, Fundación
Gaia Pacha, Fundación Hábitat Verde, Fundación Igualdad, Fundación Lampi,
Fundación PUEDAM, Herencia, HOYAM Mojos, ICBA, Instituto de Ecología UMSA, IYA,
Jóvenes por la Amazonía, Junta Vecinal Nº 10 Potosí, Junta Vecinal Nº 9 Potosí,
Juteko, LIDEMA, Limnología y Recursos Acuáticos UMSS, MAN-B, MHNNKM, Movimiento
Agua y Juventud Bolivia, Movimiento Sin Fronteras, OCCA, OTB Oploca, PAAC, Patrulla H2O, PCMB, Pedaleros
del Urubó, PRODENA, Programa radio/tv El Bosque es mi Tesoro, Programas
Especiales - Defensoría del Pueblo SCZ, PROMETA, Promotores Ambientales de los
Derechos Indígenas Originarios – PADIO, QHANA, Red Organizaciones
Ambientalistas Chuquisaca – ROACH, RedNAVA Bolivia, Scouts Bolivia, SEAS
UCEBOL, SEMTA, SEPAMOS, SOBE, Sociedad Geográfica de Potosí, Somos Sur, SOPE,
UATF - Carrera Ingeniería Medio Ambiente, Universidad Domingo Savio,
Universidad Tomás Frías, VIVE, Wayna Pacha - CEPROMIN