El ex presidente de YPFB, Santos Ramírez Valverde, ocasionó un daño económico al Estado que supera los $us 7,8 millones en el marco del denominado caso Catler Uniservice por el que Santos Ramirez Valverde es condenado a 12 años de prisión por el delito de conducta económica, entre otros cómplices.
El 14 de julio de 2008, Ramírez Valverde firmó un contrato con la empresa Catler Uniservice, representada legalmente por Agustín Tomas Melano y Miguel O’Connor D’Arlach, para la construcción de la planta de extracción de licuables Río Grande en Santa Cruz por un monto total de $us 86 millones.
Además, se suscribieron cuatro adendas al contrato principal, teniendo como consecuencia del contrato principal y de las adendas, la orden de Santos Ramirez Valverde, para que se aperture una carta de crédito por $us 35 millones por cuenta de la Asociación Accidental Catler Uniservice, beneficiando a la empresa Gulsby Process Systems LLP Texas-USA, con recursos del fideicomiso de $us 45 millones.
En ese contexto, se efectuó desembolsos a través del fideicomiso, que tiene carácter irrevocable, lo que generó pérdidas en el Estado boliviano, estableciéndose el pago por anticipo a Gulsby de más de $us 13,3 millones.
“Se constituyó un fideicomiso de $us 45 millones que estaba depositado en el Banco Unión. Le pagó a Gulsby a la empresa trucha a la inexistente a la que fue creada 11 días después de la suscripción del contrato se pagó $us 13,2 millones, se pagó a Uniservice $us 3,3 millones para giros a Gulsby que tuvo que pagar comisiones y gastos bancarios. Por lo tanto, salió esta cantidad de $us 16, 9 millones y también hay otros intereses más. En total el dinero que salió fue $us 17,1 millones. Este fue el desembolso total”, explicó Villegas el domingo en una entrevista con medios locales.
De este monto, YPFB recuperó con mucha dificultad un conjunto de pólizas de seguro que ascienden a $us 8,6 millones y una recuperación judicial por $us 655.040, montos que restando al total de los recursos por recuperar por YPFB dan un saldo de $us 7,8 millones, cifra que representa el daño económico ocasionado por Santos Ramírez.
“Acá está el mayor daño económico al Estado. Si restamos lo recuperado a los $us 17,1 millones, tenemos un saldo de $us 7,8 millones, monto que representa el daño económico que se ha realizado al Estado boliviano, eso es lo que perdió el Estado y es esto hasta el momento que YPFB no recupera”, indicó Villegas.
Los desembolsos, seguros, recuperación de dinero y daño económico se describe en el siguiente cuadro:
Villegas aseguró que Catler es una “empresa fantasma” que se dedicaba a la construcción de aceras en Tarija y “asumió semejante responsabilidad de cumplir una planta de separación sin experiencia de ninguna naturaleza. Catler no construyó siquiera un tanque de gasolina y tenía que construir los sistemas de seguridad, las obras civiles, la importación de equipos; es decir, tenía que poner puesta en marcha la planta de separación”, acotó Villegas.
Asimismo, el presidente de YPFB Corporación, Carlos Villegas, rechazó enfáticamente que exista un sobreprecio en el costo del proyecto de la planta de extracción de líquidos Río Grande que asciende a $us 159,5 millones y cuenta con todos los estudios técnicos de respaldo de ingeniería, procura y construcción.