Alcaldía cruceña: Ley Financial 2013 atenta contra la autonomía municipal

El oficial mayor de administración y finanzas de la Alcaldía cruceña, Manuel Medina, informó que el proyecto de Ley Financial 2013 del Gobierno Central atenta contra la autonomía municipal al disponer la posible confiscación de recursos que afectarían la ejecución de obras y servicios sociales como módulos educativos, centros de salud, parques, programas de prevención y alimentación para niños y niñas, entre otros.

Medina pidió la eliminación de los artículos 11 (parágrafo I y II) y 28 (parágrafo II, III, IV), además de enmiendas al 15 y 19 porque a su criterio centralizan en el Gobierno Nacional las políticas gubernamentales, hecho que va en contra de la Constitución Política del Estado. “Quieren condicionar y controlar los recursos municipales al establecer que el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas realice una previa evaluación de los recursos que queden en caja y bancos de cada municipio del país. Ese proceso, tomando en cuenta las 340 municipalidades y 9 gobernaciones del país, duraría alrededor de 90 días, que retrasarían y obstaculizarían la ejecución de las obras y servicios que piden los vecinos”, puntualizó.

Otra observación es la referida a que de cada 10 bolivianos de transferencias adicionales a los municipios, 2 deben ser destinados a proyectos del Gobierno Centra lo que dejaría a la municipalidad de Santa Cruz de la Sierra sin percibir alrededor de 58 millones de bolivianos para el 2013. “Son módulos educativos menos, casi todo el programa de desayuno escolar, menos equipamiento médico, menos equipamiento escolar o menos pavimentación”, dijo.

Sobre seguridad ciudadana, el Ministerio de Gobierno quitaría los recursos a los municipios  que en seis meses no hayan podido ejecutarlo, vulnerando el principio de autonomía municipal porque los plazos de ejecución de los proyectos son de un año y no de seis meses.

Finalmente, el edil denunció la intención del Gobierno Central de suprimir el impuesto municipal a las transferencias de las empresas instaladas en cada jurisdicción local. “Sin consultar a los municipios, el Gobierno Central quiere trasladar para sí mismo el cobro de este impuesto municipal a las transferencias de las personas jurídicas. Para Santa Cruz de la Sierra significaría una pérdida cercana a los 19 millones de bolivianos en sus ingresos propios lo que afectaría varias obras”, acotó.

Cartas enviadas
El Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra y la Asociación de Municipalidades de Bolivia (AMB) que aglutina a las nueve ciudades capitales más El Alto, han dado a conocer sus observaciones y preocupación mediante notas oficiales enviadas a la Cámara de Diputados, Cámara de Senadores y a la Vicepresidencia del Estado.

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