El oficial mayor de administración y
finanzas de la Alcaldía cruceña, Manuel Medina, informó que el proyecto de Ley
Financial 2013 del Gobierno Central atenta contra la autonomía municipal al
disponer la posible confiscación de recursos que afectarían la ejecución de
obras y servicios sociales como módulos educativos, centros de salud, parques,
programas de prevención y alimentación para niños y niñas, entre otros.
Medina pidió la eliminación de los
artículos 11 (parágrafo I y II) y 28 (parágrafo II, III, IV), además de
enmiendas al 15 y 19 porque a su criterio centralizan en el Gobierno Nacional
las políticas gubernamentales, hecho que va en contra de la Constitución
Política del Estado. “Quieren condicionar y controlar los recursos municipales
al establecer que el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas realice una
previa evaluación de los recursos que queden en caja y bancos de cada municipio
del país. Ese proceso, tomando en cuenta las 340 municipalidades y 9
gobernaciones del país, duraría alrededor de 90 días, que retrasarían y
obstaculizarían la ejecución de las obras y servicios que piden los vecinos”,
puntualizó.
Otra observación es la referida a que de
cada 10 bolivianos de transferencias adicionales a los municipios, 2 deben ser
destinados a proyectos del Gobierno Centra lo que dejaría a la municipalidad de
Santa Cruz de la Sierra sin percibir alrededor de 58 millones de bolivianos
para el 2013. “Son módulos educativos menos, casi todo el programa de desayuno
escolar, menos equipamiento médico, menos equipamiento escolar o menos
pavimentación”, dijo.
Sobre seguridad ciudadana, el Ministerio
de Gobierno quitaría los recursos a los municipios que en seis meses no hayan podido ejecutarlo,
vulnerando el principio de autonomía municipal porque los plazos de ejecución
de los proyectos son de un año y no de seis meses.
Finalmente, el edil denunció la
intención del Gobierno Central de suprimir el impuesto municipal a las
transferencias de las empresas instaladas en cada jurisdicción local. “Sin
consultar a los municipios, el Gobierno Central quiere trasladar para sí mismo
el cobro de este impuesto municipal a las transferencias de las personas
jurídicas. Para Santa Cruz de la Sierra significaría una pérdida cercana a los
19 millones de bolivianos en sus ingresos propios lo que afectaría varias
obras”, acotó.
Cartas enviadas
El Gobierno Autónomo Municipal de Santa
Cruz de la Sierra y la Asociación de Municipalidades de Bolivia (AMB) que
aglutina a las nueve ciudades capitales más El Alto, han dado a conocer sus
observaciones y preocupación mediante notas oficiales enviadas a la Cámara de
Diputados, Cámara de Senadores y a la Vicepresidencia del Estado.