El comité técnico de la Asociación de
Municipalidades de Bolivia AMB, que aglutina a las capitales de departamento
más El Alto, se reunió este viernes en la capital oriental para analizar la Ley
Financial 2013 y otros proyectos normativos del Gobierno Central que afectan la
autonomía municipal.
La vicepresidenta de la AMB y del
Concejo Municipal paceño, Gabriela Niño de Guzmán y el secretario jurídico de
la Alcaldía cruceña, José Negrete, informaron que la próxima semana las máximas
autoridades ejecutivas de las comunas presentarán un recurso de
inconstitucionalidad en Sucre a la Ley Financial. “Ante el atropello que está
haciendo el Gobierno Central vamos a hacer uso de nuestras facultades
legislativas y autonomía municipal para dictar leyes que nos permitan contratar
obras y servicios más rápido y que los recursos que nos llegan adicionales se
gasten en el año. Los gobiernos municipales somos más eficientes que el
Gobierno Central, solo que para tapar su ineficiencia nos pasan recursos a
última hora, lo que hace que baje la ejecución presupuestaria”, puntualizó
Negrete.
Por su parte, el oficial de
administración y finanzas cruceño, Manuel Medina, explicó que los recursos
adicionales llegan en el último trimestre del año, en el caso de la
municipalidad cruceña son cerca de Bs 170 millones de los 350 que llegaron los últimos tres meses. “Eso
es imposible de ejecutar con las normas que emite el Ministerio de Economía y
Finanzas Públicas, son mínimo 4 meses licitación, publicación, y adjudicación
de una obra. Deberían privilegiar la ejecución y no ser un ente de control”,
acotó Medina.
Finalmente, Niño de Guzmán expresó que
las municipalidades como primeras interesadas en temas locales no han sido
convocadas a discutir otros proyectos de ley que prepara el Gobierno Nacional y
que están prestos a recurrir a instancias judiciales si no son tomados en
cuenta. Es el caso de los proyectos de ley como el catastro con el Banco
Interamericano de Desarrollo BID, la ley de gobiernos locales, unidades
territoriales y control social en los gobiernos municipales además de la
incorporación de funcionarios municipales a la ley general del trabajo que
califican de positiva pero piden que sea para todos los funcionarios y no sólo
para unos cuantos como plantea el Gobierno. “Estos proyectos tienen el rasgo
común del centralismo e inconstitucionalidad, de mantener el poder en el
centralismo y desconocer la autonomías departamentales y municipales”, opinó la
autoridad edilicia.