“Tenemos un contrato suscrito con la constructora
AESA y la paralización de las obras nos va a representar este perjuicio,
entonces los de Takovo Mora deberían reflexionar sobre el daño que ocasionan al
país porque es dinero de los bolivianos que está en juego como inversión a
través de este proyecto”, manifestó Salazar.
El perjuicio hace referencia a la
penalización por la paralización de las obras de construcción (stand by)
establecido en el contrato con AESA, al desplazamiento de personal y al trabajo
realizado por la fiscalizadora Bolpegas.
“En el momento están laburando
aproximadamente 700 personas en el proyecto en la parte constructiva. Hay
innumerables equipos que trabajan como grúas montacargas, equipos de soldar y
otro tipo de maquinarias que suman esta pérdida por día de paralización”,
complementó la autoridad de YPFB Corporación.
Adicionalmente, Salazar explicó que
Bolivia dejaría de percibir por cada día de retraso en la puesta en marcha del
complejo, aproximadamente $us 285.000 por día en la no recuperación prevista de
líquidos tanto de GLP como de gasolina.
“Estamos en la fase final de
construcción de esta planta y no podemos darnos el lujo de paralizar las obras.
A partir del 10 de mayo arrancaríamos con las pruebas que corresponde para
buscar las mejores condiciones de operación que debemos imponer a esa planta
para conseguir la meta en materia de recuperación de líquidos que tenemos
previsto y diseñado”, añadió Salazar.
La medida indígena también afecta el
normal desenvolvimiento de otras infraestructuras que forman parte de la cadena
de los hidrocarburos. “Está por ejemplo la planta de compresión de Río Grande
que es el centro a partir del cual se distribuye gas a Brasil, está la planta
de procesamiento de hidrocarburos que tiene YPFB Andina y otras instalaciones”.
Monto
desembolsado
Asimismo, Salazar ratificó el desembolso
de Bs 7 millones efectuado en noviembre pasado
por concepto de compensación a la APG Takovo Mora con los que se
financiará 25 proyectos de inversión productiva y social. De acuerdo a la
normativa establecida, Decreto Supremo No. 1045 y su Reglamento, el Gobierno
Nacional reconoce toda compensación económica siempre y cuando el pueblo
indígena afectado presente proyectos de inversión social.
“Hemos hecho el depósito el 20 de
noviembre como consta en la documentación en una cuenta que ellos abrieron y
pusieron a conocimiento nuestro. Por tanto, hemos cumplido como YPFB que vela
por la parte social de las comunidades que conviven en las áreas de influencia
de los diferentes proyectos”, dijo Salazar.
