Comité Cívico pide una comisión internacional que garantice esclarecimiento del caso Rózsa
El Comité pro Santa Cruz pedirá al Estado Plurinacional de Bolivia que asuma un compromiso ante Naciones Unidas (ONU) para conformar una Comisión Internacional que garantice una investigación profesional e imparcial de los hechos sucedidos hace cuatro años en el hotel Las Américas, que derivaron en la muerte de tres personas en circunstancias aún no esclarecidas y en la detención y enjuiciamiento de otras 39.
Este martes 16 de abril se cumplen cuatro años desde la sangrienta intervención policial que conmovió al país y que siguió con la acusación de terrorismo por parte de la Fiscalía que ha perseguido a dirigentes cívicos y políticos del Oriente boliviano, afirmando que dichos ciudadanos planificaron, desde acciones para viabilizar el separatismo, hasta el asesinato de las principales autoridades políticas del país.
"A pesar de que ya han transcurrido 4 años, no se vislumbra la posibilidad de que los bolivianos en general y los cruceños en particular, sepamos a ciencia cierta qué fue lo que sucedió esa fatídica madrugada de 2009. Por eso, el Comité pro Santa Cruz, trabajará a fin de lograr que el Estado Plurinacional de Bolivia suscriba un acuerdo con Naciones Unidas para implementar una Comisión Internacional que posibilite la investigación profesional e imparcial de estos hechos, para dar con los responsables y reparar todos los daños ocasionados", sostuvo el presidente del gobierno moral de los cruceños, Fernando Castedo Cadario.
Desde aquella fecha, la familia cruceña vive horas de zozobra e incertidumbre, producto de la persecución judicial desatada en contra de muchos ciudadanos que no son responsables sino de expresar su disenso con el gobierno central y apoyar vigorosamente la implementación real de un verdadero régimen autonómico en el país, para conjurar de una vez por todas los afanes centralistas y autoritarios que han caracterizado a gran parte de la historia de nuestro país.
Pese a que son muchos los indicios y datos sobre la realidad de esta persecución política, como el video soborno, las declaraciones de diversos investigados o los audios con declaraciones del fiscal del caso, que dejan entrever una maquinación planificada y dirigida a descabezar la institucionalidad del oriente, el proceso judicial contra estos ciudadanos se mantiene.
No se ha desarrollado una investigación real sobre estos hechos, ni se ha querido escuchar a los denunciantes de las irregularidades y a quienes contribuyeron a acercarnos a la verdad; por el contrario, se los ha perseguido. El hecho real es que, como consecuencia de ello, hay un gran número de personas detenidas o cauteladas por más del doble del tiempo que las leyes nacionales y convenios internacionales de protección a los derechos humanos, señalan como suficientes para ventilar estas causas y otras, han sido obligadas al exilio para preservar su seguridad e integridad física.
Es por eso que el Comité pro Santa Cruz el jueves 11 del presente mes, dio a conocer, mediante un comunicado escrito su posición, exigiendo a las autoridades judiciales que, en cumplimiento de la preservación del debido proceso y las garantías constitucionales, asuman la obligación de declarar la nulidad inmediata del irregular proceso para el restablecimiento de los derechos vulnerados de los detenidos por el caso denominado terrorismo.
El sustento de la posición del Comité, tiene su base en los múltiples errores, vicios y excesos cometidos por las autoridades jurisdiccionales como ser:
- La denegación de que la causa sea conocida por un Juez en Santa Cruz, en franco incumplimiento de la legislación boliviana y las convenciones internacionales.
- La falta de objetividad e imparcialidad en la investigación del ministerio público, incumpliendo estos principios fundamentales consagrados en su ley orgánica.
- Las detenciones preventivas excedidas en plazo, que siendo una excepción en el procedimiento penal boliviano, ha sido utilizada como regla, sobrepasando los 18 meses máximos establecidos por ley.
- Exceso en la duración del proceso, el sistema Interamericano de justicia ha fallado en sentido que los procesos se deben llevar dentro de los plazos razonables, que en la jurisprudencia boliviana no deben sobrepasar los 36 meses.
"El viernes pasado, hemos conocido el fallo del Tribunal Constitucional que ordena que el proceso sea conocido por el juez natural de la causa, un juez de Santa Cruz. Esto es un inicio, pero no es suficiente, por ello insistiremos por todas las vías a nuestro alcance en la nulidad de este proceso judicial y en la pronta liberación de los detenidos y la cesación de la persecución política de todos los involucrados en el ilegal proceso y de quienes se vieron obligados a abandonar Santa Cruz", concluyó Fernando Castedo.
Fuente: Dirección de Comunicación del Comité Pro Santa Cruz