El presidente de la Alianza
Parlamentaria Democrática de América (APDA) y diputado boliviano, Adrián Oliva
Alcázar, informó que de una manera inusual líderes del Continente toman
responsabilidad sobre la importancia de la democracia en Venezuela y en la
región frente a posible fraude en los comicios que se realizara el fin de
Semana.
Oliva confirmó que los expresidentes
Alejandro Toledo (Perú), Fernando de la Rua (Argentina), Vicente Fox (México),
Oscar arias (Costa Rica) y Andrés Pastrana (Colombia) exigen elecciones limpias
en Venezuela porque advierten que está en crecimiento las denuncias sobre
irregularidades y las sospechas sobre la parcialidad del tribunal electoral
chavista.
Las denuncias de irregularidades en el
sistema electoral por parte de la oposición al chavismo se han convertido en
las últimas horas en el tema central de la campaña venezolana para las
presidenciales del domingo. La alarma ante la posibilidad de fraude ha
traspasado las fronteras del país y por primera vez centenares de líderes
políticos y de opinión latinoamericanos han exigido en carta abierta a las
autoridades que las elecciones sean limpias. Nueve expresidentes y 350
parlamentarios de 13 naciones del continente hacen un llamamiento,
especialmente al Consejo Nacional Electoral (CNE) venezolano, para que el
proceso sea “transparente, libre y equitativo”.
La carta de los expresidentes, firmada,
entre otros, por el peruano Alejandro Toledo, el argentino Fernando de la Rúa,
el mexicano Vicente Fox y el costarricense Óscar Arias, comienza declarando el
apoyo de la “comunidad internacional democrática” a los venezolanos, para que
puedan elegir a sus representantes con garantías “de acceso y uso equitativo de
los medios de comunicación y recursos institucionales a lo largo de la campaña,
durante el acto electoral y con posteridad al mismo”. A la iniciativa, firmada
el lunes y conocida ayer, se han sumado más de 200 personalidades y
organizaciones del continente.
El expresidente colombiano Andrés
Pastrana ha sido mucho más directo al expresar el mismo día su rechazo a una
invitación del Consejo Nacional Electoral (CNE) para que fuese observador del
proceso electoral. En carta dirigida a su presidenta, Tibisay Lucena, escribe:
“La votación del próximo 14 de abril marca una nueva etapa para el pueblo de
Venezuela, que asistirá a las urnas en un proceso signado por el antecedente
histórico de una balanza de garantías inclinada permanentemente a favor de
quienes hoy detentan el poder (…) Teniendo en cuenta el hecho de que mis
funciones serían de acompañamiento a un proceso que por convicción no puedo
avalar debo declinar agradecido la honrosa invitación del CNE”.
Por su parte, más de 300 senadores y
diputados latinoamericanos le enviaron a la presidenta del CNE otra carta en la
que le exigen la adopción de unas condiciones mínimas para que las elecciones
puedan considerarse limpias. Parlamentarios de Argentina, Bolivia, Brasil,
Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Panamá, Perú,
Paraguay y Uruguay hacen suyas cinco reivindicaciones de la oposición
venezolana como son el escrutinio total de las papeletas, el uso de tinta
verdaderamente indeleble, la retirada de máquinas capta huellas así como la
eliminación de la estación de identificación del elector -requisitos previos al
sufragio que pueden permitir relacionar la identidad del elector con su voto- ,
el cese del uso de las milicias del Plan República -son militares los
encargados de distribuir y recoger el material electoral- y el castigo
implacable del abuso de los recursos del Estado a favor Gobierno.
La nueva preocupación regional por la
salud democrática de Venezuela obedece en parte a las denuncias que el
candidato opositor Henrique Capriles ha realizado en los últimos días sobre
oscuros planes del Gobierno chavista para “torcer la voluntad popular”, así
como al cúmulo de irregularidades que rodea su sistema electoral. Entre ellas,
el que hace una semana un miembro del partido del Gobierno demostrara
públicamente que tenía acceso a la clave secreta de miles de máquinas de
votación. El CNE lo ha negado tajantemente e incluso los líderes de la
oposición han minimizado el hecho por temor a que el escándalo fomentara la
abstención entre sus propios partidarios.
Ludwig Moreno, de la ONG Voto Limpio,
que reprocha esa actitud a los antichavistas, señala entre otras deficiencias
que el censo electoral que se utilizará en estos comicios “se cerró el 15 de
abril de 2012, cuando la ley ordena que esté actualizado con un mes de retraso
máximo, por lo que unos 800.000 jóvenes se llevarán el domingo la sorpresa de
que no pueden votar”. Además, asegura, los aparatos de votación son máquinas de
lotería fabricadas por Olivetti modificadas para que puedan contar votos. Pero
aún peor. Moreno recuerda el error de la oposición cuando “en septiembre del
año pasado aceptó que 1.513.000 electores que no tenían su huella digital
registrada previamente pudieran votar registrándola en el mismo momento de
depositar su voto. Es obvio que eso provocó el vuelco electoral que se produjo
la tarde del 7 de octubre. El oficialismo ganó por 1.570.000 votos”.
Eric Ekvall, analista de Corporate
Strategy Communications, con 30 años de residencia en Venezuela y experto en
campañas electorales en América Latina, sostiene que el chavismo tiene un largo
historial de “fraude electrónico”, concretamente “desde el referéndum
revocatorio del presidente Hugo Chávez en 2004, que se ha ido sofisticando con
la llegada de los expertos cubanos”, y que el partido del Gobierno y la CNE son
“vasos comunicantes”. Ekvall coincide con Moreno en que el aspecto más
desagradable de esta campaña es “la complicidad de parte de la oposición con el
Gobierno” en el fraude, sea por amenazas o dinero.