El jefe de la Bancada de Convergencia
Nacional en Diputados, Adrián Oliva Alcázar, presentó hoy una nota al
Comandante de la Policía Nacional, Alberto Aracena, y otra al Fiscal de
Distrito de La Paz, José Ponce, para que estas autoridades brinden garantías y
la protección correspondiente para la concejal del municipio de Caquiaviri,
Gadys Tarqui Rojask, quién habría recibido amenazas y represalias por parte del
alcalde de ese distrito, Edwin Churqui y los concejales municipales por
denunciar hechos de corrupción pública en el caso de supuestos contratos
irregulares con la Empresa Rural Eléctrica de La Paz (Emprelpaz) el pasado 26
de marzo ante el Ministerio Público.
Oliva advirtió que, a pesar de la
aprobación en la Asamblea Legislativa Plurinacional de la Ley de Violencia
Contra el Acoso Político y la Ley Integral Contra la Violencia a la Mujer;
además de toda la campaña que de manera sistemática realiza el gobierno
nacional para proteger el trabajo de la mujer, este es un nuevo caso de
violencia y acoso político que sucede, después de la aprobación de las dos
normas mencionadas.
“Yo cumplo con denunciar estos hechos
ante las autoridades que son competentes por un acto de responsabilidad, sin
mirar siquiera cuál es el color político o la afiliación que tenga esta
autoridad municipal. Yo pregunto: ¿quién tiene el derecho de pedir a otro ser
humano pedir disculpas de rodillas; quién tiene el derecho de pedir a otro ser
humano que pida disculpas por investigar hechos de corrupción; quién tiene el
derecho de pedir a un ser humano a una mujer que tenga que disculparse por
ejercer la función que el pueblo le ha otorgado?”, dijo enfáticamente el
parlamentario.
Finalmente Olivia dijo que son
demasiados casos que se siguen presentando en el país que dan muestra de la
incapacidad que tiene el Estado para resolver estos problemas de abuso de poder
en los que algunas autoridades están inmersas y creen que porque tienen el
amparo del poder político pueden actuar impunemente.