En conferencia de prensa, la diputada
opositora Jéssica Echeverría (CN) anunció que le está enviando un Pedido de
Informe al ministro de la presidencia, Juan Ramón Quintana, para que aclare por
qué recibió donaciones del empresario francés Pierre Groleau, presunto
propietario de una red de bingos clandestinos.
“Tendrá que informar a qué se deben este
tipo de donaciones, si las solicitó, quien las entregó y si fueron desviadas”,
indicó.
Echeverría dijo que tanto el ministro
Quintana como el vicepresidente García Linera y el alcalde de El Alto, Edgar
Patana, tendrán que “salir a aclararnos a todos los bolivianos qué hacen ellos
recibiendo donaciones y coordinando con estos sujetos que hace tiempo son
investigados”.
“Sujetos que por medio de una solicitada
le están diciendo a la fiscal de distrito y a mí que tienen buenas amistades
con el poder. ¿Acaso son bingo-vínculos lo que hay en el gobierno?”,se
preguntó.
Posible
tráfico de madera
La parlamentaria informó que el mismo
grupo empresarial sospechoso de estar relacionado con los bingos ilegales,
también habría sido objeto de una investigación “que resultó paralizada” sobre
un posible tráfico de madera hacia Europa.
“Tenemos información de que ellos son
propietarios de empresas denunciadas por estafa en la FELCC y que incluso han
sido observados en investigaciones que se paralizaron sobre exportaciones de
madera a países de Europa como Rumania. Las denuncias hablan de un posible
tráfico de madera”, dijo.
Echeverría acotó que se está enviando
otro Pedido de Informes al respecto a la Autoridad de Fiscalización y Control
Social de Bosques y Tierras (ABT).
“Que
el Ministro de Gobierno se ponga los pantalones”
“Lo
que pido a las autoridades, sobre todo al Ministro de Gobierno, es que se
pongan los pantalones y luchen contra estas redes de juego clandestino. No
puede haber una doble moral del gobierno, donde se ha aprobado una ley que
prohíbe los bingos y ahora se muestra que entes estatales han recibido
donaciones, ¿a que estamos jugando?”, señaló.
La diputada agregó que “lo que se
comenta es que este grupo empresarial recibe protección de altas autoridades,
por eso nadie los investiga, nadie los toca y todos los juicios laborales y
denuncias de estafa que tienen de nuestros ciudadanos bolivianos contra ellos
se han paralizado por el poder económico y político”.
“¿Qué está esperando el Ministerio de
Gobierno, que haya un ajuste de cuentas con un muerto como en otros casos para
recién entonces actuar?”, concluyó.