El 2do Reporte Cronológico de Violaciones a los Derechos Humanos respecto al último cuatrimestre del año 2012, presentado por la Fundación Nueva Democracia, develó que en el país se produjeron 11 casos de suspensión o destitución de autoridades democráticamente elegidas, 21 casos de persecución judicial por motivaciones políticas, 11 de discriminación y 5 de suspensión de autoridades judiciales.
El objetivo de este informe es desarrollar una labor de monitoreo, investigación, observación permanente y sistemática, respecto a la vigencia efectiva de los derechos humanos en Bolivia, con especial énfasis en los derechos civiles y políticos de las personas.
Rubén Darío Cuellar, representante del Observatorio de Derechos Humanos señaló que los grandes violadores de los DDHH son los que irónicamente deberían defender a la sociedad de los excesos del Estado. “Nos preocupa la actuación de las autoridades judiciales, que deberían tener mas reflexión porque los procesos se siguen iniciando bajo cualquier presión política y se mantienen mucho tiempo en su tramitación”, dijo.
Además expresó preocupación por la situación del ex senador Roger Pinto, que permanece refugiado en la embajada de Brasil desde hace más de un año y por el caso de supuesto terrorismo. “Para que una conducta sea considera violación a los Derechos Humanos, tiene que ser cometida por el Estado mediante sus representantes”, concluyó.
El objetivo de este informe es desarrollar una labor de monitoreo, investigación, observación permanente y sistemática, respecto a la vigencia efectiva de los derechos humanos en Bolivia, con especial énfasis en los derechos civiles y políticos de las personas.
Rubén Darío Cuellar, representante del Observatorio de Derechos Humanos señaló que los grandes violadores de los DDHH son los que irónicamente deberían defender a la sociedad de los excesos del Estado. “Nos preocupa la actuación de las autoridades judiciales, que deberían tener mas reflexión porque los procesos se siguen iniciando bajo cualquier presión política y se mantienen mucho tiempo en su tramitación”, dijo.
Además expresó preocupación por la situación del ex senador Roger Pinto, que permanece refugiado en la embajada de Brasil desde hace más de un año y por el caso de supuesto terrorismo. “Para que una conducta sea considera violación a los Derechos Humanos, tiene que ser cometida por el Estado mediante sus representantes”, concluyó.