Oposición advierte defensa al acceso a la información
"El actual gobierno ya vulnera ese derecho ciudadano, YPFB ni el órgano Electoral informan sobre sus gestiones o el Padrón Biométrico, también se desconocen las condiciones de compra del avión presidencial y el contenido de los datos recogidos por el último Censo Nacional", indicaba la diputada Alejandra Prado ante la intención de restringir la información a los periodistas mediante una nueva norma. "Cualquier iniciativa para restringir o poner límites al acceso a la información, sobre todo en el sector público, será rechazada por la oposición porque el derecho a ser informado es fundamental y está establecido y protegido por normas internacionales a las cuales Bolivia está adscrita", señaló la Diputada de Convergencia nacional.
El criterio fue vertido a propósito del proyecto de Ley de Acceso a la Información, remitido recientemente a la Cámara de Diputados. Un proyecto anterior sólo contemplaba siete impedimentos por su condición de información secreta, reservada y confidencial pero ahora la nueva propuesta establece 12 excepciones que negarían a los ciudadanos el acceso a la información generada en los poderes Ejecutivo, Judicial, Legislativo, Electoral y otras instituciones estatales.
La diputada Prado señala que es correcto que información que tiene que ver con la seguridad del Estado tenga un carácter reservado o sea clasificada como tal durante un determinado tiempo, pero añadió que el actual gobierno ya vulnera el acceso a la información de temas que debieran ser de conocimiento no sólo de los legisladores sino de toda la opinión pública del país.
La legisladora cochabambina dio casos concretos al respecto, por ejemplo, hasta el día de hoy el gobierno no informó sobre la compra del avión presidencial que actualmente utiliza el primer mandatario, ni siquiera si tiene un seguro o condiciones de esa transacción. Otro ejemplo, durante todos estos años de gobierno del Movimiento al Socialismo, ninguna autoridad de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) brindó un informe al plenario sobre la gestión en esa entidad como establecen las normas actuales.
"Tercer ejemplo, “hasta el presente el Órgano Electoral no informa sobre el padrón biométrico que involucra a la seguridad de la identidad de todos los bolivianos”, declaró Prado.
Con los datos recogidos a raíz del reciente Censo Nacional, ocurre lo propio, aunque se espera que esa información sea conocida hasta el 31 de julio, como anunciaron las autoridades gobierno.
“Entonces la conclusión lógica de esto es que no vemos de parte del gobierno una voluntad clara y explícita de luchar contra la corrupción, porque a mayor transparencia menos hechos de corrupción ocurrirán”, dijo Prado.
Finalmente, añadió que si los propios parlamentarios no pueden acceder a información de la gestión gubernamental pese a sus prerrogativas, la ciudadanía está con menos posibilidades y ahora se pretende coartar más aún ese derecho amparado en seis resoluciones de la OEA y dos Leyes de Modelo Internacional de Acceso a la Información (también de la OEA), a las que Bolivia está adscrita.
Fuente: Bancada Convergencia Nacional
El criterio fue vertido a propósito del proyecto de Ley de Acceso a la Información, remitido recientemente a la Cámara de Diputados. Un proyecto anterior sólo contemplaba siete impedimentos por su condición de información secreta, reservada y confidencial pero ahora la nueva propuesta establece 12 excepciones que negarían a los ciudadanos el acceso a la información generada en los poderes Ejecutivo, Judicial, Legislativo, Electoral y otras instituciones estatales.
La diputada Prado señala que es correcto que información que tiene que ver con la seguridad del Estado tenga un carácter reservado o sea clasificada como tal durante un determinado tiempo, pero añadió que el actual gobierno ya vulnera el acceso a la información de temas que debieran ser de conocimiento no sólo de los legisladores sino de toda la opinión pública del país.
La legisladora cochabambina dio casos concretos al respecto, por ejemplo, hasta el día de hoy el gobierno no informó sobre la compra del avión presidencial que actualmente utiliza el primer mandatario, ni siquiera si tiene un seguro o condiciones de esa transacción. Otro ejemplo, durante todos estos años de gobierno del Movimiento al Socialismo, ninguna autoridad de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) brindó un informe al plenario sobre la gestión en esa entidad como establecen las normas actuales.
"Tercer ejemplo, “hasta el presente el Órgano Electoral no informa sobre el padrón biométrico que involucra a la seguridad de la identidad de todos los bolivianos”, declaró Prado.
Con los datos recogidos a raíz del reciente Censo Nacional, ocurre lo propio, aunque se espera que esa información sea conocida hasta el 31 de julio, como anunciaron las autoridades gobierno.
“Entonces la conclusión lógica de esto es que no vemos de parte del gobierno una voluntad clara y explícita de luchar contra la corrupción, porque a mayor transparencia menos hechos de corrupción ocurrirán”, dijo Prado.
Finalmente, añadió que si los propios parlamentarios no pueden acceder a información de la gestión gubernamental pese a sus prerrogativas, la ciudadanía está con menos posibilidades y ahora se pretende coartar más aún ese derecho amparado en seis resoluciones de la OEA y dos Leyes de Modelo Internacional de Acceso a la Información (también de la OEA), a las que Bolivia está adscrita.
Fuente: Bancada Convergencia Nacional