Aseguran que cinco contratos petroleros violan derecho a consulta y validan daño medioambiental
Cinco nuevos contratos de servicios petroleros de exploración y explotación, suscritos el 23 de octubre de este año y aprobados por la Cámara de Diputados el reciente viernes 7 de diciembre violan el derecho a consulta de los pueblos, naciones indígenas y comunidades campesinas y las leyes y normas que defienden al medio ambiente de la actividad hidrocarburifera, denunció la diputada tarijeña de Convergencia Nacional (CN), Mirtha Arce.
“Esta aprobación muestra que el discurso oficialista a favor de los indígenas y de defensa y preservación de la madre tierra no es consecuente a la hora de negociar con las empresas petroleras”, indicó la diputada de oposición. Dichos contratos fueron remitidos a la Cámara de Senadores para su respectivo tratamiento.
Los contratos se firmaron entre YPFB y su subsidiaria YPFB-Chaco, la británica British Gas (BG) y Petrobras de Brasil. La inversión llegará a 53,4 millones de dólares en una primera fase de exploración en áreas denominadas: Cedro, Huacareta, El Dorado Oeste, San Miguel e Isarsama.
“La principal observación a los contratos es en el tema de medio ambiente ya que por información solicitada al Ministerio de Hidrocarburos y al ministerio de Medioambiente y Aguas, hemos constatado que hasta hoy no se constituyen los comités de monitoreo ambiental en los que deben participar indígenas, pueblos y comunidades campesinas”, explicó Arce al añadir que tampoco las petroleras habilitaron cuentas bancarias en las que deben depositar dinero por concepto de mitigación ambiental en favor de los dueños originarios de las zonas de explotación petrolera, tal como establece la Ley.
“No nos estamos inventando esto, se están afectando intereses al no hacer estas consultas de manera oportuna y legal”, precisó.
La legisladora tarijeña dijo que el Órgano Ejecutivo tampoco acata el Decreto Supremo 29033 sobre procesos de consulta a los pueblos, naciones indígenas y comunidades campesinas, vulnerando sus derechos.
“El Decreto 29033 precisa que hay dos oportunidades para realizar la consulta. La primera es al momento de la licitación, lo que no ocurrió con ninguno de los cinco contratos aprobados por Diputados y la segunda oportunidad es cuando se expide la licencia ambiental”, declara Arce.
Pero los apresurados afanes exploratorios petroleros del gobierno también violan el convenio internacional 169 referido a los derechos de los pueblos indígenas e inclusive no se acatan otros decretos firmados por el propio presidente del Estado Plurinacional, Evo Morales. “Ninguna de esas normativas es cumplida por el gobierno”, asegura la diputada tarijeña.
Arce reveló que al margen de los cinco contratos aprobados por el plenario de diputados, tampoco en el resto de pozos petroleros que hoy son explorados se cumplió con el proceso de conformación de los comités de monitoreo, siendo ello responsabilidad del Ministerio de Hidrocarburos. Más bien llegaron denuncias al Comité de Hidrocarburos en sentido de que las consultas no se hicieron con autoridades locales legalmente constituidas sino con corregidores y Organizaciones Territoriables de Base (OTBs) adeptas al gobierno, por tanto son inválidas.
“Esta aprobación muestra que el discurso oficialista a favor de los indígenas y de defensa y preservación de la madre tierra no es consecuente a la hora de negociar con las empresas petroleras”, indicó la diputada de oposición. Dichos contratos fueron remitidos a la Cámara de Senadores para su respectivo tratamiento.
Los contratos se firmaron entre YPFB y su subsidiaria YPFB-Chaco, la británica British Gas (BG) y Petrobras de Brasil. La inversión llegará a 53,4 millones de dólares en una primera fase de exploración en áreas denominadas: Cedro, Huacareta, El Dorado Oeste, San Miguel e Isarsama.
“La principal observación a los contratos es en el tema de medio ambiente ya que por información solicitada al Ministerio de Hidrocarburos y al ministerio de Medioambiente y Aguas, hemos constatado que hasta hoy no se constituyen los comités de monitoreo ambiental en los que deben participar indígenas, pueblos y comunidades campesinas”, explicó Arce al añadir que tampoco las petroleras habilitaron cuentas bancarias en las que deben depositar dinero por concepto de mitigación ambiental en favor de los dueños originarios de las zonas de explotación petrolera, tal como establece la Ley.
“No nos estamos inventando esto, se están afectando intereses al no hacer estas consultas de manera oportuna y legal”, precisó.
La legisladora tarijeña dijo que el Órgano Ejecutivo tampoco acata el Decreto Supremo 29033 sobre procesos de consulta a los pueblos, naciones indígenas y comunidades campesinas, vulnerando sus derechos.
“El Decreto 29033 precisa que hay dos oportunidades para realizar la consulta. La primera es al momento de la licitación, lo que no ocurrió con ninguno de los cinco contratos aprobados por Diputados y la segunda oportunidad es cuando se expide la licencia ambiental”, declara Arce.
Pero los apresurados afanes exploratorios petroleros del gobierno también violan el convenio internacional 169 referido a los derechos de los pueblos indígenas e inclusive no se acatan otros decretos firmados por el propio presidente del Estado Plurinacional, Evo Morales. “Ninguna de esas normativas es cumplida por el gobierno”, asegura la diputada tarijeña.
Arce reveló que al margen de los cinco contratos aprobados por el plenario de diputados, tampoco en el resto de pozos petroleros que hoy son explorados se cumplió con el proceso de conformación de los comités de monitoreo, siendo ello responsabilidad del Ministerio de Hidrocarburos. Más bien llegaron denuncias al Comité de Hidrocarburos en sentido de que las consultas no se hicieron con autoridades locales legalmente constituidas sino con corregidores y Organizaciones Territoriables de Base (OTBs) adeptas al gobierno, por tanto son inválidas.