Cívicos exigen suspender ley que recorta regalías de IDH
La llamada ley de ‘promoción para la inversión en exploración y explotación hidrocarburífera’ crea un fondo de inversión financiado por el 12% del IDH, confiscando recursos de los Gobiernos Departamentales, Municipales, subgobernaciones y universidades públicas, siendo que el referéndum del 2004 estableció que los recursos de la renta petrolera deben destinarse a educación, salud, desarrollo productivo y caminos.
En tal sentido, el presidente del Comité Cívico, Roger Montenegro, anunció que se ha fijado una posición conjunta con los cívicos tarijeños, y solicitó a la Cámara de Diputados que frene el tratamiento de esta norma que está en contra de los intereses de las regiones.
“Los dos comités cívicos de Santa Cruz y de Tarija, hemos hecho un análisis profundo de las repercusiones que pueda tener esta ley, y hemos visto que es negativa para todos los departamentos productores de hidrocarburos”, dijo.
Montenegro señaló que el tema de hidrocarburos es algo privativo del nivel central del Estado boliviano, pero ahora se quiere financiar esta competencia privativa con recursos de la autonomía, que es un concepto por el cual el pueblo cruceño ha luchado para poder manejar los recursos para atender las necesidades de la población. “Con esta ley lo que se está haciendo es recortar los recursos del IDH para los departamentos, y también se está recortando la misma proporción de autonomía; es decir estamos retrocediendo en el tema autonómico”, acotó el líder cívico.
Asimismo, remarcó que esta norma viola la ley 3058 que fue aprobada por el referéndum del año 2004, que señala que los ingresos nacionales provenientes de la exportación e industrialización del gas se priorizarán a la atención de la salud, educación, caminos y empleos. “En ninguna parte dice que esos recursos pueden ser destinados al tema de la exploración como se pretende hacer en este momento”, indicó.
El presidente del Gobierno moral de los cruceños dijo que nadie puede garantizar la recuperación de esos recortes que se pretenden hacer, pese que se anunció que esos cortes serían una especie de ‘préstamo’ pero la inversión en exploración es altamente riesgosa.
Finalmente, Montenegro solicitó a las entidades territoriales autónomas, que son las instituciones afectadas, que se pronuncien sobre el caso, teniendo en cuenta que el Comité Cívico de Tarija ya se declaró en estado de emergencia y no descarta que el Comité de Santa Cruz haga lo propio, en caso de continuar el avance de esta ley.
