Gobierno consolida su apoyo al Agronegocio con el dinero de las jubilaciones
La decisión del gobierno de destinar arbitrariamente el 5% de los fondos de las AFPs –que en moneda significa 150 millones de dólares– para dar créditos a los productores agropecuarios, no hace sino confirmar la subordinación del MAS a los intereses del agronegocio, que se fundamenta en la producción de cultivos destinados a la exportación, en detrimento de la seguridad y soberanía alimentaria.
Los 150 millones de dólares se destinarán a créditos para los pequeños y medianos productores que tienen entre 30 a 200 hectáreas. Éstos deberán contar con un contrato de venta de su grano a una empresa agroindustrial que actuará como agente de retención del pago del préstamo. Así se consolidará la dependencia de los pequeños y medianos productores a la agroindustria, se subvencionará a dicho sector y se debilitará -aún más- la seguridad y soberanía alimentaria.
La agroindustria procesa grano destinado fundamentalmente a la exportación, como es el caso de la soya, girasol, caña (etanol), sorgo, chía, sésamo y maíz. En este sentido, todos los aportantes a las AFPs estarán subvencionando a un sector que no aporta a la seguridad y soberanía alimentaria del país. Porque no es de su interés la producción de hortalizas, frutas, tubérculos, cereales, etc., que son parte fundamental de la dieta de los bolivianos. La producción de éstos ha sufrido un descenso en los últimos 10 años debido a que en la estructura productiva se ha priorizado más el apoyo a cultivos destinados fundamentalmente a la exportación (en un 70%). Por ello Bolivia importa más de 150 alimentos que antes producía, para satisfacer el mercado interno.
Esta decisión del gobierno, además llevará a la ampliación de la frontera agrícola – ganadera, en detrimento de extensas áreas de bosques que ahora serán habilitadas (taladas), para la siembra de cultivos destinados al agronegocio (exportación).
Lo más grave es que este fondo será para inversión productiva y para gastos de operación, con lo que se impulsara el uso de agrotóxicos, semillas transgénicas, herbicidas, etc. Es decir, el gobierno terminará por sepultar el derecho a la seguridad y soberanía alimentaria, promoverá una mayor deforestación, incrementará la contaminación de fuentes de agua y suelos, agudizará el cambio climático y, en definitiva, afectará también a la salud de los bolivianos.
Más allá de si los productores pagarán o no dicha deuda – lo que es muy discutible– lo más preocupante de esta decisión, es que se destinarán los fondos del ahorro de miles de trabajadores aportantes para subvencionar a las transnacionales y a la agroindustria de la exportación, en detrimento de los recursos naturales y de la alimentación de los bolivianos.
No se trata de que dicho fondo sea solo el 5% (o el 3% o el 1%) de los recursos de las AFPs -por lo tanto de todos los bolivianos- sino que por respeto a todos los trabajadores que han aportado y aportan mensualmente a las AFPs, no se debe
destinar ni un solo centavo para financiar a sectores que están destruyendo la seguridad y soberanía alimentaria, con la complacencia del gobierno.
Por otro lado, esta decisión refleja el carácter del gobierno, que pretende salvar a un sector endeudado (por más de 300 millones de dólares) con las casas comerciales proveedoras de semillas y agrotóxicos. Sin perder de vista que éste sector es uno de los causantes de la crisis socioambiental del agua, por la deforestación salvaje de más de cinco millones de hectáreas de bosques, so pretexto de ampliar frontera agrícola para la producción de alimentos.
Este es un ejemplo claro que demuestra que el gobierno ha archivado hace tiempo el derecho a la alimentación y al agua, que debería ser la base de sus acciones.
Miguel Angel Crespo
Director de Probioma