La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), el Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), la Cámara Regional de Despachante de Aduana Santa Cruz de la Sierra (CRDA SC) y el Colegio de Economistas de Santa Cruz (CESC) desarrollaron un Taller para los Medios de Comunicación donde el economista Gonzalo Vidaurre, autor del libro “El Negocio de la Muerte – Comercio informal de medicamentos en Bolivia”, explicó pormenorizadamente dicha investigación en relación a una problemática que afecta la salud pública en el mundo. En Bolivia, el comercio informal de medicamentos puede llegar a representar hasta el 21% de las ventas de la industria farmacéutica; un 20% de las importaciones legales; una reducción del PIB industrial en 1%; una afectación del crecimiento del PIB en un 0,2% y la destrucción de 1.100 empleos/año. Para destacar: la Aduana Nacional incautó 30 Ton de medicamentos contrabandeados, en la gestión 2017
Ayudará al diseño de políticas
Ronald Nostas, Presidente de la CEPB, sostuvo que “el estudio presentado sistematiza cifras que lamentablemente son datos escalofriantes, que tienen una significación muy importante para el pueblo boliviano y motivan al compromiso empresarial. El IBCE encaró un tema tan complejo que ayudará a contribuir a la construcción de políticas de Estado; desde todo punto de vista, significa mucho para diseñar políticas públicas a fin de luchar contra este flagelo”. Dijo también que el contrabando de medicamentos no es una actividad reciente en el país y durante muchos años la industria farmacéutica, la asociación de representantes de importaciones de medicamentos y otras entidades involucradas, luchan contra este grave problema que “es un crimen de lesa humanidad…el negocio de la muerte es difícil de cuantificar”.
Por su parte, el Presidente de la CRDA SC, Antonio Rocha, considera que las restricciones a las importaciones de medicamentos -desde aranceles altos, a registros y requisitos morosos- “es un tortuoso proceso, costoso y burocrático, largo y de una u otra manera desalienta la actividad formal para importar medicamentos, y alienta a la informalidad. “Debemos hacer fácil la legalidad, transparente y accesible; es una tarea que tenemos que encarar con las instituciones encargadas del control de medicamentos en Bolivia”. Dijo que el contrabando de medicamentos es fácil -al igual que introducir perfumes y cosméticos- ya que “cualquiera puede ingresar en su equipaje fácilmente entre 2.000 a 3.000 dólares, dependiendo del costo del medicamento”.
Para el Gerente General del IBCE, Gary Rodríguez, “el título del libro no es exagerado pues guarda relación con la venta informal/ilegal de medicamentos de contrabando, caducados, adulterados y/o falsificados que, en el mejor de los casos, no tendrá ningún efecto terapéutico, pero en el peor de los casos, puede deteriorar aún más la salud y hasta causar el deceso del paciente. Por eso el libro titula “El negocio de la muerte”, para llamar la atención de las autoridades, así como de la ciudadanía, siendo que no se puede jugar con la salud de las personas, no se puede traicionar la buena fe y abusar de la necesidad económica de la gente”.
Importante aporte
"El Colegio de Economistas de Santa Cruz, hace parte de esta actividad de socialización del importante estudio encarado por el IBCE, dada su relevancia socioeconómica, siendo que el CESC apoyará toda investigación que aporte no solo con un diagnóstico sino con propuestas de solución y, dado que problemática atañe a todos los bolivianos, el Colegio de Economistas conversó con la Federación de Profesionales de Santa Cruz, para que la institucionalidad colegiada se reúna el martes 10 de julio por la noche para recibir el libro y la explicación del autor, Lic. Gonzalo Vidaurre, cumpliéndonos felicitar al IBCE por tan importante aporte y la iniciativa", dijo el Presidente del Colegio de Economistas de Santa Cruz, Jorge Akamine.
En tanto, Gonzalo Vidaurre, autor del libro “El Negocio de la Muerte – Comercio informal de medicamentes en Bolivia”, enfatizó lo delicado que resulta el tema por sus connotaciones económicas y de salud pública. “Hay que valorar los esfuerzos que hace la Aduana Nacional para combatir el ingreso de fármacos ilegales, de hecho, en el 2017 incautó 30 toneladas; a esta labor del sector público se debe sumar el consumidor, para lo cual urge empoderar a la sociedad civil a fin de que el consumidor pueda denunciar fácilmente a la AGEMED sobre el comercio informal e ilegal de medicamentos, en base a una aplicación tecnológica para los celulares que puede ser desarrollada, a fin de identificar si el medicamento está autorizado para su venta en el país o no”, concluyó.
Ayudará al diseño de políticas
Ronald Nostas, Presidente de la CEPB, sostuvo que “el estudio presentado sistematiza cifras que lamentablemente son datos escalofriantes, que tienen una significación muy importante para el pueblo boliviano y motivan al compromiso empresarial. El IBCE encaró un tema tan complejo que ayudará a contribuir a la construcción de políticas de Estado; desde todo punto de vista, significa mucho para diseñar políticas públicas a fin de luchar contra este flagelo”. Dijo también que el contrabando de medicamentos no es una actividad reciente en el país y durante muchos años la industria farmacéutica, la asociación de representantes de importaciones de medicamentos y otras entidades involucradas, luchan contra este grave problema que “es un crimen de lesa humanidad…el negocio de la muerte es difícil de cuantificar”.
Por su parte, el Presidente de la CRDA SC, Antonio Rocha, considera que las restricciones a las importaciones de medicamentos -desde aranceles altos, a registros y requisitos morosos- “es un tortuoso proceso, costoso y burocrático, largo y de una u otra manera desalienta la actividad formal para importar medicamentos, y alienta a la informalidad. “Debemos hacer fácil la legalidad, transparente y accesible; es una tarea que tenemos que encarar con las instituciones encargadas del control de medicamentos en Bolivia”. Dijo que el contrabando de medicamentos es fácil -al igual que introducir perfumes y cosméticos- ya que “cualquiera puede ingresar en su equipaje fácilmente entre 2.000 a 3.000 dólares, dependiendo del costo del medicamento”.
Para el Gerente General del IBCE, Gary Rodríguez, “el título del libro no es exagerado pues guarda relación con la venta informal/ilegal de medicamentos de contrabando, caducados, adulterados y/o falsificados que, en el mejor de los casos, no tendrá ningún efecto terapéutico, pero en el peor de los casos, puede deteriorar aún más la salud y hasta causar el deceso del paciente. Por eso el libro titula “El negocio de la muerte”, para llamar la atención de las autoridades, así como de la ciudadanía, siendo que no se puede jugar con la salud de las personas, no se puede traicionar la buena fe y abusar de la necesidad económica de la gente”.
Importante aporte
"El Colegio de Economistas de Santa Cruz, hace parte de esta actividad de socialización del importante estudio encarado por el IBCE, dada su relevancia socioeconómica, siendo que el CESC apoyará toda investigación que aporte no solo con un diagnóstico sino con propuestas de solución y, dado que problemática atañe a todos los bolivianos, el Colegio de Economistas conversó con la Federación de Profesionales de Santa Cruz, para que la institucionalidad colegiada se reúna el martes 10 de julio por la noche para recibir el libro y la explicación del autor, Lic. Gonzalo Vidaurre, cumpliéndonos felicitar al IBCE por tan importante aporte y la iniciativa", dijo el Presidente del Colegio de Economistas de Santa Cruz, Jorge Akamine.
En tanto, Gonzalo Vidaurre, autor del libro “El Negocio de la Muerte – Comercio informal de medicamentes en Bolivia”, enfatizó lo delicado que resulta el tema por sus connotaciones económicas y de salud pública. “Hay que valorar los esfuerzos que hace la Aduana Nacional para combatir el ingreso de fármacos ilegales, de hecho, en el 2017 incautó 30 toneladas; a esta labor del sector público se debe sumar el consumidor, para lo cual urge empoderar a la sociedad civil a fin de que el consumidor pueda denunciar fácilmente a la AGEMED sobre el comercio informal e ilegal de medicamentos, en base a una aplicación tecnológica para los celulares que puede ser desarrollada, a fin de identificar si el medicamento está autorizado para su venta en el país o no”, concluyó.