Gobierno asumirá defensa por arbitraje que interpuso BBVA

Ante el proceso arbitral que interpuso el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) contra el Estado boliviano ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), el Gobierno anuncia una defensa especializada y asegura que cumplió el mandato de la Constitución Política del Estado.

“Estanos tomando todos los recaudos y previsiones que se tenga que hacer para llevar adelante la defensa de los intereses del estado Boliviano de la mejor manera, en ese sentido se contratará los servicios especializados que sean necesarios”, afirmó el Procurador General del Estado, Pablo Menacho.

La solicitud de BBVA se realizó en el marco del tratado de protección de inversiones entre Bolivia y España (“Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones entre la República de Bolivia y el Reino de España”), suscrito en fecha 29 de octubre de 2001 y ratificado mediante Ley Nº 2360, de 7 de mayo de 2002, ambos durante la gestión del ex presidente Jorge (Tuto) Quiroga Ramírez.

Tomando en cuenta que el 3 de noviembre de 2007 se hizo efectivo el retiro de Bolivia del convenio internacional que creaba el CIADI (Convenio CIADI), BBVA ha solicitado que la controversia se resuelva mediante la utilización del Mecanismo Complementario del CIADI.

La Constitución Política del Estado boliviano, en su artículo 45, párrafo VI, dispuso que “Los servicios de seguridad social pública no podrán ser privatizados ni concesionados”. En virtud a dicha disposición constitucional, mediante Ley 065, de 10 de diciembre de 2010, artículo 147, se creó la Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo (Gestora) para la administración del sistema integral de pensiones.

En tal virtud, el Procurador del Estado señaló que “no se puede hablar de responsabilidades porque lo que se ha hecho es cumplir con lo que establece la Constitución y la Ley”.

El ministro de Economía y Finanzas Públicas, Mario Guillén, afirmó que se garantiza que la Administrador a de Fondo de Pensiones seguirá operando en Bolivia y se continuará con la transferencia de datos a la Gestora Pública.

"Antes de que ellos decidan ir a un arbitraje nosotros hemos negociado, el precio que ellos han solicitado ha sido excesivo por parte de lo que nosotros considerábamos, y por lo tanto hemos rechazado el monto que ellos habían solicitado”, declaró Guillén.