La Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo) denunció los asentamientos ilegales a tierras productivas de la zona de Chihuahua, del municipio de Cuatro Cañadas. El ente productivo manifestó que las autoridades no han tomado acciones contra los avasalladores que ponen en riesgo la seguridad alimentaria.
El presidente de Anapo, Demetrio Pérez, manifestó que como institución han venido denunciando diferentes avasallamientos que se han producido a partir del 2009. Asimismo aseguró que no se explican cómo los invasores obtienen información de los terrenos en los que se asientan ilegalmente.
En ese marco, el secretario general de la Federación Única de Trabajadores Campesinos de Santa Cruz (FUTCSC), José Antonio Chungara, aseguró que la información de los terrenos se filtra desde el Instituto Nacional de Reforma Agraria (Inra). “Estoy seguro de que se filtraron los planos de las tierras fiscales del Inra. Yo he visto los planos en San José y Pailón. Esto ha ocurrido en las pasadas gestiones del Inra, no así la presente con la que ya hemos realizado desalojos”, acotó.
Asimismo, el presidente de Anapo lamentó la actitud del Inra, de los jueces agrarios, de la policía y del ministerio público que a su parecer no han intervenido “en ete acto ilícito de toma de tierras productivas” que perjudica la cosecha y planificación para la siembra correspondiente a la campaña de invierno, comprometiendo así la seguridad alimentaria.
Son alrededor de 50.000 las hectáreas afectadas correspondientes a 12 propiedades y otras 20 están actualmente bajo amenaza de toma.
Luis Fernando Asturizaga, asesor de directorio de Anapo, expresó que se han tomado acciones legales en contra de los agresores, sin embargo no se ha obtenido respuesta por parte de las autoridades.
“Anapo ha solicitado una reunión al ministro de gobierno para que, como cabeza de la policía nacional, instruya a la comandante departamental de la policía a que se desaloje a los avasalladores”, informó.
Asturizaga cuestionó que ante los avasallamientos el Inra busque la conciliación entre la víctima y el victimador, situación que considera totalmente ilegal. “El avasallador no tienen ningún tipo de derecho para entrar en una conciliación, pero el Inra les otorga estos derechos para que los propietarios se vean obligados a tener que regalarles tierra de su propiedad a los avasalladores”.