Señaló, que los instrumentos para
continuar fortaleciendo la democracia Boliviana son la autonomía, la
construcción de instrumentos de Desarrollo Económico Local y la Planificación
Participativa como Política de Estado.
Por otro lado, manifestó que los pilares
de Ley de Participación Popular que aportaron en la consolidación del
municipalismo en Bolivia, son:
- Inclusión Social, reconocimiento que se le otorga a la sociedad civil y al pueblo, representados a través de las Organizaciones Territoriales de Base (OTBs) y los Comités de Vigilancia.
- Reconocimiento del Estado Municipalista a nivel rural, de 24 gobiernos municipales creados antes del 1994, pasaron a ser 311 gobiernos municipales después de su promulgación, en la actualidad 337 gobiernos autónomos municipales. Los mismos que pasan de ser territorios con competencias urbanas a tener competencias urbanas rurales.
- Transferencias de Competencias, Atribuciones y Responsabilidades a los gobiernos municipales. A nivel municipal se descentralizan las funciones del Estado en las áreas de salud, educación, cultura, deportes, etc.
- Transferencia de Recursos Económicos, el 20% de competencias tributarias, fortalecimientos de los recursos propios y en el proceso se han incrementado mayores recursos para los municipios.
La Participación Popular se afirma como
el proceso de desarrollo más exitoso en Bolivia y sus resultados son una
realidad incuestionable, ha sido asumido por el pueblo boliviano como propio y
su deceso solo sucederá cuando no exista participación ciudadana, no existan
gobiernos municipales, no existan transferencias de recursos ni competencias a
nivel urbano-rural, mientras esto no ocurra, el proceso de participación
popular seguirá en marcha.
Fuente: CEPAD
EL PROCESO DE PARTICIPACION POPULAR
SIGUE EN MARCHA EN BOLIVIA
18 años
El 20 de abril de 1.994 se inicia el
proceso de desarrollo institucional y de ciudadanía radical más importante de
los últimos 50 años en Bolivia; con la promulgación de la Ley de Participación
Popular, se municipalizó el territorio del país generándose la restructuración
política y administrativa considerada como la revolución democrática referente
en América Latina, abriendo la participación real y efectiva de los ciudadanos
en la gestión de su futuro.
Durante este tiempo, desde su
promulgación, la Ley de Participación Popular logró sus objetivos filosóficos
propuestos:
a) Cercanía
y presencia ciudadana en los niveles de decisión,
b) Establecimiento
de mecanismos de control social,
c) Creación
y fortalecimiento de instrumentos para lograr la democracia participativa,
d) Fortalecimiento
municipal,
e) Potenciación
de las comunidades de base en niveles vecinales, campesinos e indígenas,
f) Descentralización
y/o desconcentración de la administración pública para lograr justicia y
equidad social,
g) Respeto
a la diversidad organizativa y social.
En la actualidad, aunque la Ley de
Participación Popular se encuentra derogada e incluida en la Ley Andrés Ibáñez,
su ejercicio se ha convertido en Proceso, con plena vigencia en el imaginario y
la práctica de la gestión pública municipal y en la vida cotidiana de los
ciudadanos del país; la razón de ello es que su naturaleza se cimenta sobre
cuatro pilares fundamentales:
1) Inclusión
social: reconocimiento de la sociedad civil organizada, con participación en la
gestión pública, a través de las Organizaciones Territoriales de Base (OTB),
Comunidades Indígenas Originarias, Comunidades Campesinas, Juntas Vecinales,
Organizaciones Productivas y representados por los Comités de Vigilancia.
2) Reconocimiento
del Estado Municipalista: reconocimiento del nivel municipal en la estructura y
organización del Estado Boliviano: 337 Gobiernos Autónomos Municipales,
conformados por un nivel ejecutivo y un nivel legislativo, administrando las
secciones municipales o municipios.
3) Transferencias
de competencias y atribuciones para cumplir con las funciones del Estado a
nivel municipal: salud, educación, cultura, deportes, caminos vecinales, riego,
desarrollo económico entre otros.
4) Transferencia
de Recursos Económicos: transferencia del 20% de la coparticipación tributaria
– Recursos de la Participación Popular – a los gobiernos municipales. Reconocimiento de recursos propios.
Esta vigencia del proceso de la
Participación Popular, es demostrable a través de los diferentes resultados que
han permitido una transformación progresista del Estado Boliviano y que aún
sigue en marcha, afianzándose cada vez más como la norma fundamental de la
“Revolución en el Estado de Derecho y en Democracia”.
Los resultados entre otros muchos son
los siguientes:
• Transfiere
de forma automática el 20% de los impuestos nacionales (coparticipación
tributaria) a los gobiernos municipales, siendo una de las medidas de
descentralización económica más
importantes de América Latina en los últimos años y permitiendo una presencia
efectiva del Estado Boliviano en toda la geografía nacional: se pasa de 24
municipios que recibían recursos a un total de 337 municipios existentes en la
actualidad.
• Transfiere
el 100% al nivel local de las recaudaciones de impuestos a inmuebles, vehículos
y transferencias de bienes de dominio municipal.
• Antes
solo el 3% de la inversión pública era ejecutada por el nivel municipal. Ahora
más del 30% de la inversión es ejecutada por los municipios.
• Transfiere
competencias a los gobiernos municipales descentralizando responsabilidades en
los sectores de salud, educación, deportes, cultura, riego y caminos vecinales,
desarrollo económico local.
• El
reconocimiento y el respeto de los usos y costumbres locales en todo el
territorio nacional, transformando a las Organizaciones Territoriales de Base
en el sujeto de derecho de la Ley: más de 20.000 personalidades jurídicas
reconocidas a comunidades indígenas, campesinas y juntas vecinales.
• Son
electos alcaldes y concejales, representantes de juntas vecinales, comunidades
campesinas y pueblos indígenas, que en el proceso y en la actualidad han
ocupado y ocupan cargos como asambleístas departamentales y nacionales,
diputados, senadores, autoridades regionales y nacionales, diplomáticos,
gobernadores, etc.
• Institucionaliza
la obligatoriedad de la Planificación Participativa en todos los gobiernos
municipales del país, abriendo espacios para la participación ciudadana y el
control social organizado de los comités de vigilancia, además de rescatar el
principio de planificación de mediano y largo plazo en la gestión pública.
• Incentiva
el trabajo horizontal interinstitucional a través de diferentes mecanismos de
asociatividad municipal, permitiendo la creación de aproximadamente de 85
mancomunidades municipales, 9 asociaciones departamentales y una Federación de
Asociaciones Municipales.
• Incentiva
la coordinación entre niveles de gobierno incorporando como mandato la
inversión concurrente como mecanismo de orientación y de mayor eficacia de la
inversión publica.
• Permite
avances significativos de términos de inclusión social con más del 59% de los
munícipes reconocidos como indígenas y la participación de la mujer en la
gestión pública aumentando en un 100%.
• Fortalece
la gobernabilidad democrática al fortalecer los marcos de legalidad y
legitimidad de la institucionalidad municipal.
• Acerca
la administración del Estado al ciudadano, facilitando el cumplimento de
derechos y obligaciones.
• Abre
espacios para la articulación publico-privada en el ámbito local y permite la
promoción del desarrollo económico local como instrumento que pone en valor las
potencialidades locales, dinamiza la economía local, promueve, valora y rescata
la cultura, entre otros beneficios.
• Sienta
las bases para el pluralismo político permitiendo que la opción ciudadana sea viables
en los ámbitos locales.
La Participación Popular se afirma como
el proceso de desarrollo social y político más radical en Bolivia al haber
permitido la Cohesión Territorial, la Cohesión Social y la Competitividad,
sobre los cuales se asienta la construcción de la Sociedad Democrática en la
que tod@s queremos vivir.
CEPAD – BOLIVIA
www.cepad.org
