Convergencia Nacional (CN) afirma que
los conflictos sociales en el país son
producto de la ingobernabilidad y la
postergación a las demandas que durante seis años esperaron las grandes
reformas que propuso el gobierno de Evo Morales
y que hasta hoy no han generado resultados concretos para atender a las mismas.
El diputado Adrian Oliva (CN) señaló que
la situación y la conflictividad de nuestro país se agravarán ya que existen muchos sectores que están
descontentos con la postura que asume el gobierno y la manera como se está
enfrentando en cada uno de los casos.
En el tema del conflicto con los
profesionales y trabajadores en salud, Oliva señaló que lo correcto sería abrogar el Decreto 1126
porque ese es el planteamiento para iniciar un proceso de diálogo y solucionar
el problema.
Por su parte la diputada Norma Piérola
(CN) afirmó que el gobierno no tiene la voluntad política para resolver los
problemas emergentes de los trabajadores.
“El gobierno debería empezar a tomar las
riendas en este asunto y, sobretodo, empezar a gobernar, lamentablemente al
presidente lo vemos como hace siete años haciendo una eterna campaña
política y las cosas le están saliendo
todo mal”, acotó.
Según la legisladora, los conflictos y
la convulsión social son originados por
el propio gobierno y si bien si ya no tiene oposición, se vuelca contra los
medios de prensa. “Lamentablemente el único enemigo de sí mismo es el propio
gobierno porque no tiene capacidad para poder gobernar.
Para el diputado Tomás Monasterio (CN),
el presidente Evo Morales se olvido de
la representación de la clase desprotegida y de la representación de la lucha
de los derechos de los pueblos indígenas.
El parlamentario sostuvo que sería
importante una convocatoria a un diálogo encabezado por el presidente Evo
Morales porque los ministros no tienen
la capacidad de resolver los conflictos y dar solución a las demandas de los
sectores sociales.
Calificó como una “payasada”, que pasará
al anecdotario, la figura de suspensión del Decreto 1126 porque a su juico no existe en el ordenamiento
jurídico nacional y la única viabilidad para
poder dejar sin efecto la norma es la abrogación.
