Santa Cruz, 10 de mayo.- “Hacemos un
llamado al gobierno nacional para que deponga la actitud de confrontación, que
deje de enfrentar a los bolivianos, porque ese no es el camino para solucionar
los problemas del país. El llamado del oficialismo a la confrontación es
fratricida”, aseveró Vladimir Peña, Secretario de Gobierno de la Gobernación de
Santa Cruz, en referencia a las políticas que usa el Gobierno del MAS para
encarar los conflictos sociales.
Para Peña, esta conducta es inapropiada,
pues en lugar de buscar consensos sigue el camino de discriminar y confrontar a
los sectores que demandan soluciones. “El Gobierno Departamental de Santa Cruz
cree firmemente que pueden solucionarse los conflictos por vía pacífica,
nosotros proponemos el diálogo, la concertación y el consenso para solucionar
los problemas; el oficialismo debe reflexionar y decidir si seguirá con la
persecución y confrontando a los bolivianos”.
"Por otra parte, con relación al
caso Terrorismo II, el Secretario expresó la total solidaridad y apoyo
incondicional de la Gobernación con las víctimas de la persecución política del
MAS, que sólo tiene el afán, una vez más, de distraer la atención de los
verdaderos conflictos del país. “Nos solidarizamos con la asambleísta Ruth
Lozada y todos los que fueron imputados por luchar a favor de la Autonomía.
Esta mujer valiente, madre trabajadora, líder cívica que, como tantas mujeres
cruceñas y bolivianas, ayuda con su trabajo a sustentar su hogar”. Reafirmó que
el caso de supuesto Terrorismo es un juicio armado por el gobierno para
desprestigiar a los autonomistas, argumentando que ya no tiene credibilidad,
porque nadie cree que sea un proceso imparcial y justo.
El Secretario se solidarizó con la
diputada Marcela Revollo, quien sufrió “la violación de sus derechos
fundamentales de parte del gobierno nacional, al grabársele de manera secreta
una conversación. Es un acto de desesperación del Gobierno por deslegitimar las
protestas sociales y la marcha del Tipnis, que tiene la solidaridad de la gran
mayoría del país. El Gobierno ha tenido que acceder a medios
inconstitucionales, violando la intimidad y la privacidad de la persona, y eso,
en un estado de derecho, no puede ser”.
