Bolivia debe decidir sobre el acceso a la agro tecnología como derecho del pueblo
En el encuentro participaron como expositores Pedro Rocha, biólogo graduado de la Universidad Nacional de Colombia Luis Fernando Asturizaga, especialista en derecho agrario y magister en derecho rural. Como espectadores estuvo cerca de medio centenar de periodistas de diferentes medios de comunicación, además de técnicos, agricultores, investigadores y estudiantes. El evento se efectuó en el salón de actos de Anapo.
Asturizaga, aseguró que el Convenio de la ONU sobre Diversidad Tecnológica de 1993 establece que las naciones desarrolladas deben garantizar el acceso a la agro tecnología alimentaria -en las mejores condiciones- a los países en vías de desarrollo para producir más, mejor, más barato y más sano.
Dijo que este Tratado Internacional fue ratificado por 170 países, entre ellos Bolivia (Ley 1580 de 1994) y permite el acceso a una herramienta que determina un avance de la ciencia agrícola y mejora los rendimientos productivos.
Contradicciones legales en Bolivia
Por otro lado, el experto boliviano aseguró que el país debe tomar una decisión sobre el uso de biotecnología, porque “las connotaciones en uno u otro sentido van a tener una influencia clave en la producción agrícola. Si la posición gubernamental definitiva es un no a los alimentos genéticamente transformados, representará, por ejemplo, que todos los cultivos de soya de Santa Cruz se conviertan en productos ilegales y, para el productor, significará perder su derecho propietario sobre la tierra y provocará un efecto negativo sobre la cadena de producción de otros granos y la crianza avícola, porcina, entre otros.
“Si se toma una decisión favorable de aprobar los estudios de los Órganos Genéticamente Transformados (OGMs) demostrándose científicamente un riesgo mínimo y la inocuidad para la alimentación humana, podríamos crecer más que en área, en rendimientos agrícolas”, añadió Asturizaga.
Hizo referencia a la existencia de inseguridad jurídica para producir OGMs a causa de las contradicciones en las normas aprobadas por el Gobierno eliminando el uso de la biotecnología en la agricultura versus la elaboración de otros documentos oficiales que hablan de la necesidad de su uso.
Recordó que el Art. 255 de la CPE , que establece la prohibición, importación, producción y comercialización de OGMs y elementos tóxicos que dañen la salud y el medio ambiente”. Por otro lado, recordó que el Art. 409 señala que “la producción, importación y comercialización de transgénicos será regulada por ley”.
Los expertos aseguraron que el Gobierno debe asumir una posición clara que se refleje en normas y políticas uniformes porque de no hacerlo, el país puede ser sujeto de procesos internacionales, surgir demandas de inconstitucionalidad contra algunos artículos de la Ley de la Madre Tierra No. 300; se podría afectar al tercer sector más importante de la economía del país ya que la soya es clave en la rotación de cultivos como maíz, arroz, caña o trigo y podría afectarse la producción de aceites y derivados de soya, perderse fuentes de empleo y perder oportunidades de captar y generar conocimiento en biotecnología; perder oportunidades de desarrollo agropecuario y puede crearse descontento social.
Pedro Rocha del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) fue el encargado de brindar a los asistentes un Análisis de la Biotecnología en Latinoamérica.
Por su parte el presidente de la Asociación de Proveedores de Insumos Agropecuarios (APIA), Marcelo Traverso, sostuvo que aumentar la producción agrícola nacional entre un 70% a 75% le permitirá al país lograr la seguridad alimentaria con soberanía en los próximos 12 años y, así, cumplir con uno de los pilares de la agenda patriótica 2025 diseñada por el Gobierno.
Traverso dijo que si el país pretende, además, exportar y generar divisas, se deberían triplicar los índices actuales de producción, y aumentar hasta un 50% la productividad por unidad de superficie más que el número de hectáreas, de modo que a partir de la próxima década, cuando la población llegue a unos 14 millones de habitantes –cuando los mismos que requerirán 24 millones de toneladas de alimentos– no sólo se tenga la capacidad de garantizar la seguridad interna.
Demetrio Pérez, presidente de Anapo, agradeció a todos los asistentes por brindar su tiempo para obtener más conocimientos sobre el tema de la biotecnología. “Tanto los periodistas como a los investigadores, agricultores, estudiantes y técnicos, tienen un compromiso muy grande con el futuro que es el de apropiarse de toda la información para buscar una mayor producción de alimentos”, sostuvo.
