Ley de Pensiones: piden al gobierno “diálogo y flexibilidad” en etapa de Reglamentación
Al iniciarse el plazo de 90 días para que el gobierno y la Central Obrera Boliviana (COB) acuerden la Reglamentación que pondrá en marcha la Ley 065 de Pensiones, la diputada opositora Ericka Claure (CN) pidió al Ejecutivo “diálogo y flexibilidad en esta etapa”.
“No queremos que se repita lo que se dio durante el proceso de aprobación de la ley, cuando la intransigencia gubernamental generó como reacción una huelga general que tuvo al país en vilo”, dijo.
Claure señaló que en aquella ocasión “la rigidez del gobierno o su falta de capacidad concertadora ocasionó la paralización de Bolivia e importantes perjuicios económicos”.
“Lamentablemente, el gobierno no concertó lo suficiente para aprobar la Ley, por lo que hay temas polémicos que pueden reaparecer ahora durante la Reglamentación”, advirtió.
La parlamentaria indicó que entre los puntos cuestionables está la elevación en la cantidad de años de aporte que se exigen para la jubilación.
“También habría que analizar si es conveniente que la Gestora Pública pueda invertir parte de sus fondos en el exterior, como establece la Ley, ademas de ver la posibilidad de concentrar esas inversiones en el territorio nacional para impulsar emprendimientos sostenibles y la generación de empleo, siendo una mayor garantia para los rentistas”, acotó.
“No queremos que se repita lo que se dio durante el proceso de aprobación de la ley, cuando la intransigencia gubernamental generó como reacción una huelga general que tuvo al país en vilo”, dijo.
Claure señaló que en aquella ocasión “la rigidez del gobierno o su falta de capacidad concertadora ocasionó la paralización de Bolivia e importantes perjuicios económicos”.
“Lamentablemente, el gobierno no concertó lo suficiente para aprobar la Ley, por lo que hay temas polémicos que pueden reaparecer ahora durante la Reglamentación”, advirtió.
La parlamentaria indicó que entre los puntos cuestionables está la elevación en la cantidad de años de aporte que se exigen para la jubilación.
“También habría que analizar si es conveniente que la Gestora Pública pueda invertir parte de sus fondos en el exterior, como establece la Ley, ademas de ver la posibilidad de concentrar esas inversiones en el territorio nacional para impulsar emprendimientos sostenibles y la generación de empleo, siendo una mayor garantia para los rentistas”, acotó.