Acusan a Maduro ante la Corte Penal Internacional de La Haya
La delegación encabezada por Oliva representa a más de 200 diputados de nueve países de América Latina que firmaron la acusación contra Maduro y otros funcionarios de su régimen. Connotados legisladores como Ricardo Ferraço (Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de Brasil) y Martín Belaunde (Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso del Perú) también suscribieron la denuncia.
La demanda está respaldada por documentación y testimonios (“La Masacre del 12 de febrero o el día de la Juventud”, informe levantado por el Observatorio Iberoamericano de la Democracia) que dan constancia de la violencia cometida por cuerpos militares, policiales, milicias y paramilitares de Maduro en contra de sus conciudadanos, lo que hasta el presente causó 39 fallecidos, 450 heridos (muchos de ellos en estado crítico), 59 torturados y 2.100 detenciones ilegales.
Los 200 diputados latinoamericanos que suscriben la denuncia consideran que los ataques generalizados y sistemáticos contra una población civil desarmada están contemplados y definidos en el artículo 7 del Estatuto de Roma como “Crímenes contra la Humanidad”. El objetivo de los ataques gubernamentales es erradicar la disidencia política o de la oposición en la población civil que tiene diferentes creencias políticas a las del Gobierno de Maduro.
Los parlamentarios solicitaron se realice una investigación pormenorizada del caso para determinar “la eventual responsabilidad penal individual, entre otros, de Nicolás Maduro Moros, Presidente de la República; Diosdado Cabello Rondón, Presidente de la Asamblea Nacional; Miguel Rodríguez Torres, Ministro de Justicia y Paz; Luisa Ortega Díaz, Fiscal General de la República; y Gabriela del Mar Ramírez, Defensora del Pueblo, y ambas, las últimas, reconocidas militantes políticas del oficialismo”, dice parte de la acusación.
Zapata y Paputsakis también repudiaron actitudes gubernamentales de rechazo a la libertad de expresión, como la expulsión de la diputada de oposición, Maria Corina Machado del Parlamento de Venezuela por denunciar en ámbitos internacionales las arbitrariedades cometidas por el régimen de Maduro contra su pueblo. “Esa decisión desconoce la voluntad popular y viola la Constitución Política de esa nación”, explicó Paputsakis.
El origen de las protestas masivas en Venezuela es la queja legítima de la población sobre: el aumento de la inflación (la más alta del mundo); criminalidad (Caracas es la ciudad más peligrosa del mundo), niveles de escasez equivalentes a los de los países en un estado de guerra civil (según admiten economistas de Venezuela), la corrupción generalizada, estrangulamiento del sector privado, violación de los derechos humanos y las libertades.
