Por quinta vez, la ley 3 de adecuación
administrativa no pudo ser promulgada ante la negativa de la presidenta del
Concejo Municipal, Desirée Bravo de estampar su firma. Por esta acción diez
concejales, seis de oficialismo y cuatro de oposición, decidieron aprobar la
solicitud del edil Enrique Landívar de iniciar un proceso administrativo ante
la comisión de ética por incumplimiento de deberes.
Al respecto el concejal Oscar Vargas
expresó que ocho de once concejales se mantienen firmes en la decisión de dar
autonomía de gestión al legislativo municipal. “Es una norma que cuida los
intereses de los vecinos porque busca una fiscalización efectiva. Si no
fiscalizamos seremos un apéndice más de la cadena administrativa”, aseveró.
Por su parte, Bravo dijo tener su punto
de vista sobre la norma y que mientras no lleguen de Sucre los originales no la
puede promulgar. “Estamos más preocupados por los contratos y las obras más que
una ley”, puntualizó.
Finalmente, Vargas rechazó las declaraciones
de sus colegas de la oposición cuando afirman que el Concejo está parado. “Es
una muletilla del MAS, es falso, aquí seguimos aprobando los contratos que
llegan bien y los que no se devuelven o rechazan para que sean complementados”.