La autoridad cuestionó a Evo Morales por el retorno de Juan Ramón Quintana, señalando que ha priorizado intereses políticos y electorales antes que la búsqueda de soluciones a los problemas del país
“Creo que los bolivianos se preguntan, si llamando a los que se equivocaron antes y provocaron los problemas va a mejorar la situación, en lugar de centrar sus esfuerzos en responder a las necesidades de la población en cuanto a seguridad ciudadana, salud, educación y vivienda”, fue la reflexión de Óscar Ortiz, Secretario de Coordinación Institucional y Desarrollo Autonómico de la Gobernación, sobre la reincorporación de Juan Ramón Quintana como Ministro de la Presidencia en el gabinete de Evo Morales.
“Quisiéramos creer que habrá mayor concertación, pero en el anterior gabinete Quintana se caracterizó por una actitud de confrontación y atropello a los Derechos Humanos, esos antecedentes no nos ayudan a estar muy optimistas”.
Ortiz señaló que le preocupa que no haya ningún cambio, sino una repetición de las mismas caras y las políticas del Gobierno, pues considera que el presidente sólo habla de cifras macroeconómicas pero se olvida de los problemas de la gente y no toma en cuenta que se viene una crisis internacional que puede golpear duramente al país. “El Gobierno está priorizando sus intereses políticos y pro electorales cuando aún faltan tres años para las elecciones”, acotó.
Sobre las posibilidades de un diálogo entre oficialismo y oposición, Ortiz señaló que está clara la línea del gobierno al respecto, cuando el presidente sólo ha tenido palabras de confrontación cuando toca dialogar, como ocurrió con los indígenas de Tipnis.
Por ello, indicó que para que exista un diálogo verdadero, primero debe haber un cambio en la política del Gobierno en su conjunto, empezando por la derogación del artículo de la Ley Marco de Autonomía que dispone la suspensión de autoridades a sola denuncia, sin que haya una sentencia ejecutoriada; que se restituya a las autoridades ilegalmente depuestas; se respeten los Derechos Humanos; se detengan las persecuciones políticas y se esclarezcan hechos de violencia con muertes en que se han visto envueltas autoridades y gente vinculada al Gobierno, como la última sucedida en Yapacaní y otras como en Yucumo, donde no hubo una investigación seria y se protegió a los militantes del oficialismo.
