Guaranies demandan el derecho a la consulta en Río Grande

Hombres,  mujeres y niños de la Capitanía Guaraní Takovo Mora del municipio de Cabezas en la Provincia Cordillera, que estuvieron en vigilia por una semana  antes de la toma pacífica de los predios del campo Río Grande de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB)-Andina, donde el Gobierno pretende construir el proyecto de extracción de licuables Río Grande, recibieron el pasado viernes la atención médica de voluntarias de la Cruz Roja Departamental. Esta ayuda humanitaria fue gestionada por la Representación Departamental de la Defensoría del Pueblo, que además medió ante autoridades de Gobierno para que se busque una salida al Conflicto, que lamentablemente aún no puede darse por la falta de decisión política del Gobierno. “Les pedimos que extremen los esfuerzos para seguir con el diálogo y se respeten los derechos de los pueblos indígenas, en especial del guaraní, que ahora demanda el derecho a la consulta”, dijo Hernán Cabrera, representante departamental del Defensor del Pueblo.

Sin embargo, no obstante haber comprometido el Ministro de Hidrocarburos, la presencia de sus colegas de Medio Ambiente y de Desarrollo Rural y Tierras, estas autoridades nacionales burlaron nuevamente la buena fe de los indígenas guaraníes que demandan al gobierno el cumplimiento del Derecho a la Consulta a los pueblos indígenas para la realización de cualquier proyecto que cause un impacto en sus comunidades.

La Capitanía Guaraní de Takovo Mora anunció que esta medida de presión de permanecer dentro de los predios de la empresa petrolera YPFB Andina será hasta que las autoridades de Gobierno lleguen al lugar y solucionen el tema de la consulta para la construcción de la planta separadora de líquidos de Río Grande, ubicada en el municipio de Cabezas en el departamento de Santa Cruz y que se elabore una nueva ficha ambiental cumpliendo con el procedimiento que corresponde en estos casos, en el que debe  cumplirse con lo que establece la Constitución Política del Estado en lo que respecta a la consulta previa para cualquier actividad dentro sus Tierras Comunitarias de Origen.

La demanda de la Capitanía es concluir con el proceso de consulta que se inició el año pasado sobre un predio de más de 400 hectárea, lugar donde funciona una planta de YPFB-Andina, y donde se construirá la planta separadora de líquidos, con un costo de $us 150 millones. Este proceso se vio interrumpido por un fallo del Tribunal Agrario Nacional, el cual da como propietario de 200 has a YPFB  para la construcción de dicha planta, por lo que el Ministerio de Hidrocarburos considera que el derecho a la consulta no procede porque no son propietarios del predio. Pero el derecho a la consulta va más allá de ello, ya que habrá impactos ambientales, sociales, económicos.

La Representación hace seguimiento del conflicto, esperando que desde el Gobierno puedan escuchar y sentarse a dialogar lo más pronto posible, antes que tomen otras medidas más radicales, como interrumpir el trabajo en la planta de Río Grande, distante a unos 50 Km de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.