El analista Erick Fajardo advierte que
el asilo del dirigente y senador opositor Roger Pinto es síntoma de que se
viene una arremetida del gobierno contra una oposición legislativa que el
último año concentró su ofensiva en el “talón de Aquiles” del régimen cocalero
que preside Evo Morales: los vínculos con el narcotráfico.
Desde Estados Unidos el ex asesor
opositor Erick Fajardo aseguró que el asilo del jefe de la bancada opositora en
el Senado Nacional apenas es la inauguración de un “tercer ciclo” de
persecución política que prevé alcanzará a su par en la Cámara de Diputados, el
actual Jefe de bancada de Convergencia Nacional, Luis Felipe Dorado.
“Cuando
estuvo aquí, en Estados Unidos, para indagar sobre el juicio al general René
Sanabria, le dije a Luis Felipe (Dorado,
jefe de la bancada de oposición en la Cámara Baja) que él sería el siguiente,
debido a que el MAS jamás le perdonaría haber metido el dedo en un tema
neurálgico para el gobierno”, sostuvo.
El Gral. René Sanabria, Jefe de
Inteligencia del Ministerio de Gobierno fue detenido in fraganti y procesado en
2011 por la justicia americana por el cargo de conspiración para importar
cocaína a los Estados Unidos.
Según Fajardo, a los perseguidos
políticos del proceso autonómico de 2006 y de la oposición nacional emergente
de las elecciones generales 2009, le sigue ahora una tercera generación de
perseguidos por la resistencia al “narco-estado”.
Descartó la posición gubernamental que
niega la existencia de perseguidos políticos y que imputa a los exiliados de la
oposición con cargos de corrupción. “la supuesta persecución a la corrupción es
la mascarada para la cacería de opositores”, destacó.
“El verdadero delito de los asambleístas
Pinto y Dorado fue denunciar la penetración del narcotráfico en el estado
plurinacional. El gobierno ya encerró o exilió a los líderes regionales y a las
cabezas de la oposición en el parlamento, ahora solo le queda acallar las voces
que denuncian al narco-estado”, agregó.
Los “ciclos” de la persecución
Para el exiliado Fajardo la “cacería” de
opositores tuvo tres momentos y tres objetivos: desbaratar el movimiento
autonómico, descabezara a la electa oposición en el parlamento y silenciar las
denuncias de narcotráfico en contra de altos personeros de gobierno.
“Hubo
un primer grupo de detenidos políticos, que fueron los cabecillas de la
insurrección autonómica del periodo 2005-2008, entre ellos se cuentan a
Leopoldo Fernández, Branko Marinkovic y otros líderes cívicos que fueron
recluidos o tuvieron que abandonar el país debido a que se dictó su detención
paralegal”, señaló.
Hubo una segunda ola de detenciones
políticas que forzaron al exilio a otro grupo de opositores que había
sobrevivido a la primera arremetida judicializadora, encontrando un paraguas y
un blindaje temporal en la candidatura para las elecciones generales de 2009, entre ellos el mismo
Manfred y otros más empujados a optar entre la detención y dejar Bolivia.
Esta tercera camada de perseguidos tiene
una característica particular: son los perseguidos del narco-estado. Ya cayó el
jefe de senadores y estoy convencido que pronto lo hará el jefe de diputados.