La Bancada de Convergencia en el Senado
en Senado denunció al representante de la Oficina de las Naciones Unidas Contra
la Droga y el Delito (UNODC) en Bolivia, César Guedes, ante su sede central
considerando la grave injerencia que cometió en asuntos internos del país,
luego que públicamente hiciera conocer su apoyo a la aprobación del
controvertido Proyecto de Ley de Extinción de Dominio de Bienes a favor del
Estado.
Según Guedes el Proyecto de Ley que fue
enviada al Tribunal Constitucional, a pesar que ya fue aprobada en su estación
en grande en la Cámara de Diputados, se trata de un importante instrumento legal para optimizar
la lucha antidroga siendo una ley específica y acorde con la realidad boliviana
por tanto se acompaña el proceso del proyecto.
Al respecto, la jefa de bancada de
Convergencia, Centa Rek, rechazó la torpe intromisión de Guedes, en un proyecto
de ley que se encontraba en pleno debate parlamentario, con serias
observaciones y reparos por parte de varios sectores y la sociedad boliviana en
su conjunto por ser totalmente inconstitucional y violatoria a los derechos
humanos y fundamentales de las personas, al no preservar el debido proceso,
entre otros.
Rek agregó que se trata de un proyecto
de ley totalmente inconstitucional, ya que no se encuentra previsto en la nueva
Constitución Política del Estado, por lo tanto la posible prosecución de su tratamiento sería ilegal y nulo de
pleno derecho; además que se considera persecutoria y violatoria al respecto a
los derechos humanos de los ciudadanos bolivianos, inscritos en la misma constitución.
Por todo ello y de acuerdo a la
normativa internacional, en especial a la que compete a un organismo
dependiente de las Naciones Unidas, las
declaraciones de Guedes son una clara intromisión en los asuntos internos de
Bolivia, que será dado a conocer ante sus oficinas centrales para que conozcan
el grado de incumplimiento al protocolo internacional de no injerencia por
parte de sus funcionarios, resaltó la senadora Rek.
Agregó que una misiva fue enviada al
Secretario General de las Naciones Unidas, Ban Ki-Moon, denunciando esos
extremos, más aun cuando sus funcionarios se dan a la tarea de apoyar
abiertamente proyectos de ley represivos y que no condicen con el derecho
humanitario internacional, situación que transgrede los principios en los
cuales supuestamente basan su trabajo los organismos internacionales de
cooperación.
“… este es el meollo de nuestra
preocupación, ya que el proyecto de ley que intenta ser aprobado en nuestro
país, es deficiente en sus garantías procesales y vulnera los principios de
nuestra CPE, además que no deja a las instancias jurisdiccionales para que sean
los autorizados de juzgar a través de una sentencia judicial, sino por el
contrario el Gobierno central a través de la Procuraduría se convierte en
juez”, señala parte saliente de la misiva enviada por los senadores de
Convergencia a Ban Ki-Moon.